Felipe Calderón, en lugar de ser gestor de bienestar social hacia la mayoría de mexicanos, se dedica a allanar el camino a las trasnacionales para que accedan a los recursos que son la base de la economía del país. En vez de presidir un gobierno que ayude a solucionar los grandes problemas como son la inseguridad, la crisis por ineficiencia e insuficiencia institucional, las inercias que aceleran el empobrecimiento de la población, la falta de incentivos para generar empleo estable y seguro, así como frenar el acelerado y gigantesco deterioro ambiental, este político de la ultraderecha favorece los fines particulares extranjeros interesados en productos y materias de nuestro país, así como de las élites locales que, multiplicadas, demandan más privilegios a costa de la mayoría que sostiene por diferentes vías dicha exigencia.
México se encuentra al borde del punto crítico que puede desencadenar una fractura social profunda, violenta, que quizá se haga presente en la proliferación de estallidos populares, con las consecuentes represiones, descontrol e ingobernabilidad, que solamente beneficiarían a los que esperan tales escenarios con la intención de aprovechar la situación de desventaja en que quedarían los afectados, principalmente los pobres, pero también empresas y capitalistas medianos o menores, para lucrar con la posible reestabilización.
Se advierte una especie de crisis programada con todo y control de daños preestablecido, donde seguramente intervendrían fuerzas armadas reclutadas o contratadas no necesariamente en el país. Los tratados internacionales contemplan las movilizaciones militares para protegerse intereses mutuos por parte de los propietarios de negocios. Sin embargo, los promotores neoliberales de este dramático cambio con el que han embestido al pueblo, no pueden estar tan seguros de obtener resultados que les favorezcan, dado que las crisis sociales, las rupturas derivadas de posturas irreconciliables, suelen salirse de cauce y acarrear una vorágine en la que todos o la mayoría, salen perdiendo.
En todo caso, serían las trasnacionales quienes aprovecharían cualquier pretexto para hacer valer cláusulas que derivarían hacia controversias dirimidas en instancias jurídicas internacionales, lo cual redunda en el cobro de indemnizaciones millonarias, tal y como sucedió con la minera estadounidense que opera en San Luis Potosí, al demandar al gobierno mexicano porque las autoridades locales, presionadas por organismos civiles, clausuraron un vertedero de desechos tóxicos habilitado por la empresa, obviamente pasando por encima de las normas ambientales, como suelen hacerlo, según casos documentados en otros sitios como la zona de los nahoas en la Sierra de .Manantlán, perteneciente al estado de Jalisco.
“Los TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del TLCAN. En 1996 la empresa norteamericana Metalclad demandó al gobierno mexicano por violar el capítulo 11 del TLC, cuando el gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del TLC, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de “expropiación” y el gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares. (5) Alejandro Teitelbaum
Argenpress
5) El laudo arbitral en Metalclad Corporation c/Estados Unidos Mexicanos (caso Nº ARB(AF) 97/1 se puede encontrar en http://www.worldbank.org/icsid/cases/mm-award-s.pdf Dicho laudo es muy ilustrativo porque el contenido del TLCAN es muy similar a muchos TPPI en vigor y a los TLC en proyecto o a los ya vigentes (Chile, Guatemala, El Salvador y Honduras con Estados Unidos) y las interpretaciones del tribunal arbitral en el caso Metalclad pueden dar una idea del grado de subordinación económica, social, política e institucional a que quedan sometidos los Estados que celebran tales tratados. Hay que decir que el Gobierno Federal mexicano autorizó, por servilismo e irresponsabilidad, la instalación del vertedero y que fue el Gobierno local quien posteriormente se opuso, lo que debilitó la situación jurídica del Estado mexicano en el juicio arbitral”.
Es muy claro lo que espera al país si este señor impuesto para servir intereses meramente particulares, lograra hacer que PEMEX pase a manos de la iniciativa privada extranjera. Los grandes corporativos tienen toda una estructura fincada con el propósito de sangrar lo que sea posible de quien se deje, en este caso una sociedad subordinada a un gabinete constituido a modo, que recibió sumas excesivas de dinero probablemente contaminado, con las cuales tiene comprados a los medios de comunicación, a las fuerzas armadas que pudieran evitar el catastrófico y anticonstitucional entreguismo, así como a algunos intelectuales que abandonaron la crítica con los bolsillos llenos y la moral en el resumidero.
Solamente nos queda el poder ciudadano para salir adelante, si es que se logra la remota posibilidad de unificar voluntades para defenderse contra un gobierno que dio la espalda, resultó traidor. A estas alturas hasta los organismos supuestamente civiles como el IFE, están preparándose para asegurar la continuidad de esta ocupación capitalista de nuestras instituciones y bienes públicos. Si no resuelve la gente hacer algo ahora, seguramente los procesos electorales servirán de instrumento, como sucedió en el 2006, para imponer autoridades que trabajen para este móvil antipatriótico y antipopular. Los accionistas que apostaron contra el pueblo han provocado una situación de alto riesgo, incluso para ellos mismos, a menos que sean a la vez proveedores de armamento para los enfrentamientos que probablemente tendrán lugar o se beneficien del agio que conlleva toda transacción financiera donde se obliga a una de las partes a endeudarse en condiciones leoninas.
Prepárese la ciudadanía para lo que viene: el asalto final del puño de empresarios que tienen al país como rehén, gracias al empeño de una clase política entregada al saqueo, que envileció aún más el de por sí desprestigiado por corrupto e inepto, sistema político mexicano.
Lo más vergonzoso de todo esto que hemos vivido, es que nuestra historia patria contemporánea quedó manchada por una vil mentira que cala muy hondo. Un grupúsculo de individuos que se hicieron pasar por gente de principios democráticos, provocó que el Estado cayera en las peores manos como son las de ellos mismos y los grupos que mandan de facto e instauraron la era de la violencia. A ellos y no a designios sobrenaturales o peligros tropicales, debemos el retroceso social generalizado y evidente en todos los ámbitos.
Los gobiernos de Acción nacional, apoyados por cómplices de otros partidos y su aliado principal que es el clero radical, han redundado en un peligroso fracaso que nos tiene divididos al borde del derrumbe total, sin que aparezca alguna señal positiva congruente. En realidad sucede lo contrario: cada vez que intervienen en algo, los políticos de esta corriente denotan una falta absoluta de oficio y sensibilidad para ejercer los cargos. Desde el mismo presidente que se puso presto para encabezar a las huestes que igualmente adolecen de falta de ideas útiles para salir del atolladero, hasta los gobernadores de la misma filiación que fanfarronean ebrios y quienes junto con otros de su calaña medran del presupuesto y el poder del cargo.
Toda esta cofradía de sujetos, hacen grave daño a un maltrecho país cuyo pueblo tenía esperanzas de caminar hacia el progreso con la mayor armonía y orden posible.
Los ilusos creímos en buenas voluntades y conciencias que se anunciaron insistentemente como verdaderas encarnaciones de la decencia, la probidad y toda virtud asociada al servicio para los demás, incluidos los diferentes. Tuvimos confianza que terminó defraudada de la forma más inmoral imaginable. No tan sólo se empeoró la existencia en términos de seguridad individual y colectiva, falta de oportunidades para sobrevivir y menos para crecer, derechos civiles y todo factor de bienestar social, sino que se puso al país en riesgo de mayor derramamiento de sangre, a causa de la violencia desatada por las mafias y la que emana de las condiciones extremas a las que son sometidas las clases más golpeadas por décadas de crisis. Nos quedamos sin rumbo ni mapas; a merced de “iluminados”, fanáticos religiosos y políticos de ocasión, subidos al barco de oportunidades lucrativas que hacen pasar por acto de gobernar.
Hipócrita y cínicamente organizan marchas para protestar contra el estado de vulnerabilidad de la población creado por el sistema que “aiga sido como aiga sido” mantienen. Pusieron la gasolina, la pólvora, los fósforos, y están a punto de provocar la chispa.
Trajeron empresas extranjeras que ahogaron la planta productiva nacional e infiltraron mafias. Privatizaron empresas del Estado en lugar de acabar con la corrupción que las hacía (no a todas) una carga por ineficientes o improductivas. Dejaron proliferar y fortalecerse a los grupos armados violentos que ejercen el crimen organizado. No evitaron (al contrario) que los capitales de la delincuencia se integren a la economía nacional. Abrieron el paso de armas por las fronteras. Permitieron que las autoridades del catolicismo agredieran constantemente al Estado laico. Atentaron contra las leyes constitucionales modificando artículos a favor de individuos y firmas que se apoderan masivamente de bienes y recursos como playas, esteros, aguas subterráneas y reservas forestales. No invierten fondos del Estado en nada que no sea con fines electoreros o políticos. Se apropian para cobrar el ingreso a espacios públicos como unidades deportivas y parques. Negocian con las mafias de tala bosques, desarrolladores inmobiliarios y explotadores de bancos de materiales. No impiden que los barcos extranjeros extraigan especies de nuestros litorales. Criminalizan y persiguen a luchadores y líderes sociales. Desacreditan todo acto de reclamo civil, así sea ordenado y pacífico. Permiten que el pueblo sea conejillo de indias para que laboratorios y empresas extranjeras bioquímicas experimenten con transgénicos en alimentos y otras sustancias de uso pecuario y hasta médico. Dilapidan el erario para que los medios callen sus delitos y corruptelas. Amagan y castigan a quien se atreve a señalarlos. Dejan que los ríos y cuencas continúen como vertederos de metales pesados que exterminan la vida, porque a las compañías extractoras en su mayoría extranjeras, no les importa nuestra salud y mucho menos los equilibrios ecológicos que destruyen. Modificaron la ley para que los delincuentes se liberen de manera más expedita, gracias a ello han salido de la cárcel varios narcotraficantes y ladrones. Asesinan, roban, secuestran, ocultan, sobornan, encarcelan y aplican lo que sea con tal de mantener sus privilegios, pero al mismo tiempo han alimentado la caldera al punto que, de no encontrarse rápido una salida, estallará con estrépito. Ya es posible escuchar un zumbido de advertencia y no se ve ni la sombra de lo que pudiera desactivar lo inminente. La ambición es capaz de perder los estribos hasta el suicidio.
Quienes sirven como piezas de esta maquinaria saben que cuentan a su favor con sectores dúctiles, fácilmente manipulables a través de púlpitos y medios de comunicación afanados en cerrar filas y hacer causa común con ellos.
Lo que está en duda es que tanto estén enterados los dirigentes del régimen sobre la extendida oposición que se organiza y mantiene en constante movilidad. No se sabe hasta qué punto tomen en cuenta el hecho de que la información sobre el descontento popular ha rebasado las fronteras, pasando por lo alto a los medios comprados locales con todo y sus campañas abrumadoras altamente costosas. Quien sabe si algo les indique que se llegó al límite donde ya no se contiene la sustancia y se derrama.
Obedecer ante todo las exigencias de algunos estadounidenses y gente de distinta nacionalidad, como lo hacen los gobernantes mexicanos, nos ha llevado a estar a un paso de la inviabilidad como país. Se perdió la independencia en la antesala de la fiesta bicentenaria de símbolos para la que nadie puede asegurar si habrá condiciones apropiadas, cómo realizarla y sobretodo quién y bajo qué ánimo lo haría. En una de esas hasta sirve de detonador para la masa ardida, desesperada y hambrienta.
El hecho de convertir el Estado mexicano en oprobiosa servidumbre de los intereses trasnacionales, redundó en un peligro de desencadenamiento violento de consecuencias difícilmente predecibles.
Pagarán caro nuestros hijos el montaje de un gobierno sin atributos ni legitimidad, instalado exclusivamente para beneficio de los que imponen su voluntad por medio del dinero y las armas. Será costosa la secuela que dejarán quienes operan alejados de la razón y los principios democráticos que rigen en teoría el trabajo de los servidores públicos. Nos dolerá mucho tiempo la herida causada por quienes actúan sin ética, movidos por ambiciones insanas, como lo vemos en quienes infortunadamente secuestraron el Estado; los del gobierno espurio que les hacen el trabajo sucio a los de más arriba.
Por el presente que nos queda y por el futuro de ellos, los nuestros, ojala, espero encarecidamente que así sea; que termine pronto la pesadilla del “cambio”. Deseo vehementemente ya no volver a ver tanto ciudadano engañado por guasones de la política.
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