miércoles, 28 de abril de 2010

Lo peor que le puede suceder a un país

Lo peor que le puede suceder a un país es que predomine la injusticia y la conducta criminal desde el poder. Que los más perversos anden libres por todo el territorio y hasta reciban protección. Que sus autoridades sean mezquinas por ambición. Que la muerte se pasee por cada rincón y los asesinos queden impunes. Que los gobernantes sean generosos con los extraños enemigos que vienen de fuera a saquear. Que, con tal de ser más ricos y poderosos, esos mismos gobernantes opriman y mancillen al pueblo que defiende lo suyo, que son sus recursos como la tierra y el agua. Que esos mismos opresores y explotadores tengan para su servicio a los principales medios de comunicación y no permitan que existan otros que sean honestos y libres. Que a los periodistas o comunicadores comprometidos con la verdad, se les persiga, se les desaparezca, se les torture y finalmente se les mate. Que el pueblo sea engañado y se le mantenga inculto por no invertir en escuelas. Que se agoten, por instrumentar políticas miserables, las fuentes de trabajo. Que se escamoteen los servicios de salud a los más necesitados. Que se mienta a la población con enfermedades ficticias para invertir millonadas en vacunas compradas en el extranjero. Que las elecciones sean un vil fraude que se repite a lo largo del tiempo. Que lo gobierne un grupúsculo de ineptos desesperados por acumular riqueza y además traten de imponer sus miopes ideas. Que se utilice el Ejército para golpear y matar inocentes. Que los funcionarios ganen y derrochen fortunas y además insulten a sus gobernados al calor de la borrachera. Que no se respete la vida de nadie, ni siquiera de los que luchan por los derechos humanos, aunque sean visitantes de otra nacionalidad. Que se privilegie una sola religión como cualquier Estado fundamentalista. Que se permita la intervención del país vecino en los asuntos internos y que los ciudadanos de ese país vecino entren cuando se les antoje sin ningún requisito ni formalidad. Que se conviertan las ciudades en campos de batalla de los grupos criminales. Que la población permanezca con miedo e insegura. Que las familias se vuelvan cada día más pobres. Que la gente sufra de angustia por no recibir lo suficiente para vivir con dignidad. Que las comunidades sean atormentadas constantemente por delincuentes con y sin uniformes. Que los migrantes de otras nacionalidades al pasar por el territorio sean vejados y extorsionados por los policías que los detienen. Que los indígenas sean constantemente acosados por los latifundistas o desarrolladores de complejos turísticos o inmobiliarios. Que se vacíen los ríos por las represas y se inunden pueblos. Que se tale más de las tres cuartas partes de sus bosques. Que se contaminen las cuencas acuíferas y las playas. Que se modifiquen con transgénicos las variedades vegetales que sirven de alimento. Que se entregue la riqueza mineral y hasta el agua del subsuelo a compañías extranjeras.
Todo esto es lo peor que le puede suceder a un país y sucede en México

sábado, 24 de abril de 2010

Relaciones de poder: Estado, sociedad y medios de comunicación. La agudización del caso mexicano

La vinculación, por intereses económicos o políticos, de los órganos de gobierno y los grupos civiles con los medios de comunicación, es una práctica que cobra relevancia en los estudios de ciencia política. Sin embargo, las observaciones sobre este fenómeno se realizan desde tiempo atrás, cuando los medios masivos demostraron tener un poder sensible sobre la política y la sociedad en general.
Lo que ha cambiado ahora son las formas de manejo de información gracias a las innovaciones tecnológicas de circuitos en red, organización de bancos de datos, al igual que los flujos simultáneos que permiten una mayor circulación de contenidos en cada vez menos tiempo y espacio.
La Internet ha venido a revolucionar la comunicación y la administración pública en sus múltiples aplicaciones y requerimientos. Concebida como la red de redes o web, este recurso facilita el acceso y circulación de datos, tanto local como globalmente. Surgen de manera cotidiana comunidades virtuales especializadas en ítems temáticos que se vuelven difíciles de cuantificar, aún cuando hayan sido clasificados casi en su totalidad.
Sin embargo, el control del acceso y circulación de la información por estas autopistas de los llamados multimedia, debido precisamente a la característica de unificar los distintos medios de comunicación: imagen, texto o hipertexto y sonido, (TV, cine y radio) dependen de servidores o administradores que controlan la circulación de lo que se transmite.
La administración pública utiliza estos recursos de los cuales dependen, cada vez con mayor énfasis, sus funciones. Se ha promovido y en ocasiones ha sido eficaz, el acceso de los ciudadanos hacia lo que operan o manejan las dependencias públicas bajo ciertas gestiones de carácter administrativo. Esta dinámica entendida como ejercicio de transparencia ayuda a legitimar la práctica gubernamental, lo cual eleva los niveles de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y el gobierno, en su contexto más amplio. Nos referimos entonces a una descentralización de la información que la vuelve asequible a la comunidad.
En países con mejores resultados en sus indicadores democráticos y en consecuencia niveles éticos gubernamentales más elevados, los controles tecnológicos de información dan lugar a que un número creciente de ciudadanos interesados en el conocimiento y participación directa sobre el manejo de los recursos, en tanto bienes públicos, interactúe a través de los dispositivos que se han instalado para que éste sea satisfactorio. “En la sociedad del conocimiento y de la información, el ciudadano no puede ser un mero espectador de las acciones públicas y pide asumir un papel más relevante en la toma de decisiones sobre las cuestiones que le afectan” (Arenilla, 2008: p.1)
Como vemos, existen los mecanismos necesarios para que se transparente el trabajo encargado a los administradores públicos en los distintos niveles, desde las delegaciones y municipios, con sus comités de servicios o asesorías, hasta los gobiernos de los estados, provincias y todo el ámbito federal.
Esto significa que es posible y necesario ejercer recursos presupuestarios con transparencia, porque se cuenta con instrumentos técnicos y una voluntad política que lo facilitan; dichos dispositivos pueden abrir totalmente el acceso a la información, siempre que ésta no sea estricta y justificadamente clasificada como de índole confidencial.
El problema es que no sucede así en todo lugar, puesto que existen países donde se ejerce de manera totalmente centralizada e inclusive autoritariamente el gobierno y en sí el poder político de ciertos grupos de interés sobre lo que debiera ser público. Algo que va más allá de un control centralista o estamental.
Recientemente han sido publicados algunos datos que se enfocan en el caso de la administración pública en México, donde evidentemente el acceso o la transparencia sobre la administración federal es básicamente un elemento discursivo, que no algo que pudiera ser comprobado y menos aún aceptado por gran parte de los gobernados.
En un texto que circula por la red bajo el título “opacidad en expansión”, (13-04-2010) el columnista Eduardo Ibarra Aguirre dio a conocer que los mexicanos se enterarán hasta el año 2022 sobre los gastos que, en este año de 2010, el gobierno de Felipe Calderón realiza para la celebración del bicentenario del “Grito de Dolores” que conmemora el inicio de la guerra de independencia y los cien años del llamamiento de Francisco I. Madero para la gesta revolucionaria.
El Instituto Federal de Acceso a la Información, órgano autónomo encargado de combatir la opacidad gubernamental, tomó la decisión de reservar esa información para los próximos 12 años. El impulso a la rendición de cuentas da de esta forma un salto hacia atrás.
Y el valor de las palabras y de los discursos de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús –pronuncia hasta cuatro por día sin reparar, ni él ni sus múltiples asesores, que así bloquean su adecuado registro en los medios de comunicación--, resulta tan deslumbrante que en sólo dos meses aumentó en 416 mil 760 el número de expedientes señalados como reservados. Aquella cifra representa más del doble de lo clasificado como confidencial durante 2009, cuando 189 mil documentos dejaron de ser públicos. De acuerdo a la reportera Elizabeth Velasco C., el total de los expedientes a los que la ciudadanía no tiene acceso asciende a 6 millones 542 257, a menos que acuda al IFAI para que revise caso por caso. (Eduardo Ibarra Aguirre, 13-04-2010)
En el mes de enero de este año, Calderón “hizo un enérgico llamado” a su equipo de gobierno para poner fin a la opacidad y acusó de “Falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública”. Éstas fueron las palabras que dijo textualmente el mandatario, refiriéndose a las 245 dependencias que integran la administración pública federal.
La cifra de expedientes gubernamentales reservados aumentó en 56.8 por ciento durante la actual administración, de acuerdo a la información publicada por La Jornada y dado a conocer el primer día de abril de 2010.
Críticamente se dice que “se hace una política con discursos sobre la transparencia y la rendición de cuentas y desde las muy exclusivas oficinas del grupo se impulsa decididamente la opacidad y la negativa a rendir cuentas”. (Ibarra)
“De qué magnitud será el derroche de recursos públicos para los festejos de dos gestas históricas”, se pregunta el periodista, que se niegan a informar y hasta dentro de 12 años dejará de ser secreto de Estado.
En la forma como se aplican estos y otros recursos del erario público y lo que señala la ley, encontramos una paradoja que merece una explicación o al menos mayor interés de los ciudadanos, dado que no es poco lo que está en juego.

Se puede afirmar que la capacidad de presión de un interés grupal sobre un poder territorial es directamente proporcional a la distancia del centro de toma de decisiones que afectan a dicho interés. La consecuencia es la heterogeneidad de fines y una alianza simbiótica entre burócratas y dirigentes de los grupos de interés que concluye en la exigencia de autoconservación, o el mantenimiento del poder, relegando el servicio de interés general. La paradoja es que este resultado conculca una de las razones de crear entes descentralizados: la eficacia. (Arenilla, 1999:p.16)

Se cita a continuación el Artículo Constitucional que expresa los términos en los cuales ha de ser ejercido el gasto público, aunque las leyes no siempre pueden responder a las necesidades más apremiantes.
Artículo 134
Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno de Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución.
Es necesario tomar en cuenta que: “La singularidad de la cultura estriba en que evoluciona lentamente y normalmente no al ritmo que las innovaciones normativas. Esto es debido a los numerosos actores que intervienen en el cambio cultural y a que las leyes no siempre son el resultado social ni se ajustan, a veces, a las necesidades reales”. (Arenilla, 1999:p1)
El gasto que ejerce el gobierno destinado a la compra de espacios en los medios de comunicación, ha merecido señalamientos por parte de grupos sociales y partidos políticos, siendo el consorcio Televisa el principal beneficiario económico, toda vez que recibe un trato privilegiado de parte del Estado al otorgar éste facilidades para expandir sus redes televisivas y radiofónicas, así como lograr obtener exención o aplazamiento el pago de impuestos. Para esto último, hace aproximadamente doce años la empresa de medios más grande de México adoptó la modalidad de llevar a cabo el dudoso altruismo conocido como Teletón, que tuvo su origen en Chile y se extendió en varios países latinoamericanos.
Con la estratagema de recaudar fondos para ofrecer ayuda asistencial y médica a niños con capacidades distintas o con deficiencias físicas, instauró una forma de manejo de capitales provenientes de donativos, lo cual le sirve además para llevar a cabo una ingeniosa forma de evasión de impuestos. A continuación se incluye el fragmento de una página del sitio publicado por estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y del Instituto Politécnico Nacional, que describe este mecanismo:
Sucede que, de acuerdo al segundo párrafo de artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que "Asimismo, se considerarán deducibles los donativos que se otorguen a asociaciones, instituciones u organizaciones que destinen la totalidad de los donativos recibidos y, en su caso, sus rendimientos, para obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, Estados, Distrito Federal o Municipios." Esto significa que, cuando se hace una donación a una institución que otorgue, sin fines de lucro, un servicio que debe otorgar el Estado, la persona que realizó la donación puede decirle a hacienda que no le cobre los impuestos equivalentes a la cantidad que dio, pues ya hizo una "buena obra".
Los $1,900.00 que se juntaron (con las aportaciones de mucha gente), Televisa las acumula y en lugar de entregar miles de donativos por cada persona a Fundación Teletón, hace UNA SÓLA APORTACIÓN A SU NOMBRE (TELEVISA), por ella la Fundación le expide un recibo deducible de impuestos (algo así como un cupón de descuento).
De ésta forma, Televisa al momento en que Hacienda le cobra, ella muestra el Recibo del Teletón, por lo que la SHyCP ya no le cobra(pues supuestamente lo pagó al hacer la donación); pero no sólo eso, como el recibo era por $1,900.00 y Televisa sólo debía $1000.00, Hacienda deberá ¡REGRESARLE! a Televisa $900.00 en efectivo, mismos que Televisa NO regresará a las personas que realmente donaron ese dinero ¿Ven el negocio?, esa esla verdadera finalidad del Teletón, ser un medio para que Televisa evada impuestos, y los pague la gente a la que enajena diariamente con basura televisiva
De esta forma, todo lo que se dona al Teletón es dinero que el gobierno deja de recibir por concepto de impuestos, y que se debían destinar a obras y servicios al pueblo, enriqueciendo más a los ya de por sí millonarios dueños de Televisa y a los empresarios que le hacen coro y obtienen publicidad gratuita y reconocimientos por su "altruismo", que pagan sus empleados.
Éste es un motivo por el que no alcanza el presupuesto para Educación o Salud, por mencionar algunos, misma razón por la que hay pocos mexicanos que ganan más de un millón de pesos por día y mexicanos que apenas sobreviven con menos de un dólar al día o si bien nos va con un salario mínimo, que no alcanza para nada, y además pagando impuestos (que nos descuentan en automático o indirectamente).
ESTUDIANTES ORGANIZADOS, CUBÍCULO ESTUDIANTIL C011. UAM-I
ESTUDIANTES DE CONTADOR PÚBLICO DE LA ESCA TEPEPAN IPN.

Esta práctica por parte de los actores del gobierno se repite en los estados, donde se destinan recursos discrecionales a los medios de comunicación, costumbre que pudiese ser entendida como connivencia para evitar que la sociedad conozca, a través de dichos medios, sobre las faltas o ineficacia administrativa en que repetidamente incurre la administración pública. De acuerdo con un artículo del periodista Juan Carlos G. Partida (La Jornada Jalisco/ 03 Feb 09) al menos 154 millones de pesos pagó en el año 2008 el gobierno estatal a los medios de comunicación electrónicos concesionados en Jalisco, por concepto de publicidad diversa, sobre un total de 200 millones de pesos que ejerció la Dirección de Comunicación Social para comprar espacios en los medios o contratar proyectos de difusión. Eso sin contar el donativo por 40 millones de pesos que fueron pagados el 30 de diciembre de 2009, para que la asociación de Radiodifusoras y Televisoras de Occidente (Rato) comience a construir un centro de espectáculos llamado Palacio de la Cultura y la Comunicación.
“Televisa es la concesionaria de frecuencias en Jalisco que se llevó la tajada más grande del pastel al facturar al gobierno estatal 63 millones 800 mil pesos durante el 2008 por venta de espots, seguida de TV Azteca, que cobró 43 millones 186 mil pesos. Es decir, las dos empresas televisoras se llevaron más de la mitad del presupuesto de publicidad contratado, mientras que en conjunto los medios electrónicos obtuvieron el 77 por ciento de lo gastado, una relación de cercanía que se ha acentuado desde que hace dos años llegó a gobernador Emilio González Márquez”. (La Jornada Jalisco/ 03 Feb. 09)
Durante su primer año de administración el gasto por concepto de compra de publicidad del gobierno estatal fue de poco más de 88 millones de pesos y para el 2008 elevó la cifra hasta 200 millones de pesos, casi un 115 por ciento más.
En el 2007, además de la compra de espacios publicitarios directos a través de Comunicación Social, de la partida de fondos contingentes el gobernador decidió la entrega de 67 millones de pesos para la realización, en la ciudad de Guadalajara, del evento mediático conocido como “Espacio”, que consiste en la reunión anual estudiantil que realiza Televisa. “Para el 2008 continuó la aportación extraordinaria más allá de lo presupuestado y eventos como los Premios MTV se llevaron 20 millones de pesos, además de aportaciones “en especie” por 12 millones de pesos para la telenovela Las tontas no van al cielo y de poco más de 6 millones de pesos a TV Azteca para varios enlaces nacionales, como el Juguetón”. (La Jornada Jalisco/ 03 Feb. 09)
El más reciente donativo que llegó a los 40 millones de pesos para el Palacio de la Cultura y la Comunicación que proyecta la Rato –asociación que formaron los medios electrónicos que tienen concesión en Jalisco-, en un año donde se renovarán las 125 presidencias municipales y los 40 puestos al Congreso local, ha sido tomado por el PRI - principal partido opositor al PAN que gobierna en Jalisco- como interés manifiesto por estrechar lazos con la poderosa industria, evadiendo de esta forma los candados electorales que impiden la contratación de espacios a partidos o particulares. Evidentemente en los donativos y compras directas de publicidad gubernamental subyace un manejo forzado que busca asegurar la conservación del poder por parte de los políticos y sus lobbies.

La aseveración de que los periodistas ejercen una influencia sobre la conducción de las campañas presidenciales no implica que ellos intenten ese impacto o aun que puedan impedir los efectos si lo desearan. Mientras las campañas son muy abiertas en su intento de persuadir a los periodistas, la relación de influencia inversa puede ser muy elusiva. Previendo las reacciones de los periodistas, los que toman decisiones en las campañas establecen sus planes estratégicos y su conducta cotidiana con vistas al modo en que la prensa informará sobre los eventos de la campaña. La influencia más directa de los medios sobre el proceso de la campaña deriva principalmente del hecho de que la información sobre la campaña es bastante predecible, y los directores de las campañas pueden diseñar sus actividades teniendo en cuenta esa posibilidad. (Arterton, 1986:p. 191)

Los grandes contratos
Es común que permanezcan continuamente al aire campañas publicitarias en forma de “espoteo” en radio y televisión, con lo cual el gobierno se oferta anunciando que cumple su deber. Esto pudiera ser interpretado como una forma de autocomplacencia mediática pagada por los contribuyentes y finalmente una estrategia de índole política. El trabajo que, por compromiso ético y legal, debieran realizar los administradores públicos, es constantemente exhibido con fines electorales y eso no favorece a la alternancia democrática, ni tampoco a un uso adecuado de los recursos de la comunidad.
Después de Televisa y TV Azteca, en el 2008 la empresa Activa del Centro, que controla varias estaciones de radio, se llevó 6 millones 920, Operadora de Cable de Occidente obtuvo 6 millones 22 mil pesos, Cadena Radiodifusora Mexicana se agenció 5 millones 728 mil, Radio México Guadalajara facturó 5 millones 286 mil, Promomedios de Occidente tuvo 5 millones 286 mil, Grupo Acir 3 millones 380 mil, Nueva Era Radio de Occidente 2 millones 958 mil, Stereorey Guadalajara 2 millones 381 mil, MVS Multivisión un millón 801 mil y Promomedios Jalisco un millón 98 mil.
Otras empresas, más bien intermediarias y que realizan campañas o trabajos especiales para el “diseño” de campañas, “también resultaron beneficiadas con la también histórica bolsa y la que más se llevó fue Más que Medios, que facturó 8 millones 409 mil; Quiero Media cobró 7 millones 698 mil, Comercializadora de Servicios Imagnen 3 millones 382 mil, Comercializadora de Servicios de Guadalajara 2 millones 696 mil y Contromedios un millón 967 mil”. (La Jornada Jalisco/ 03 Feb. 09)
Las empresas que publican diarios en la localidad crecieron exponencialmente de un año a otro, con algunas excepciones. La que más facturó al gobierno estatal fue Unión Editorialista que publica el periódico El Informador y que obtuvo 3 millones 100 mil pesos; Página Tres, que edita el periódico Público-Milenio tuvo 2 millones 687 mil; la Universidad Autónoma de Guadalajara a través de su periódico Ocho Columnas cobró un millón 482 mil. (La Jornada Jalisco/ 03 Feb. 09)
Ediciones del Norte, que publica el diario Mural, cobró un millón 464 mil pesos; la Compañía Periodística de El Sol de Guadalajara tuvo un millón 323 mil pesos. Mucho más abajo está La Jornada Jalisco con 370 mil pesos, apenas por encima de medios de comunicación que no tienen periódico local como El Financiero, que facturó 280 mil pesos, o El Universal, con 258 mil pesos. (La Jornada Jalisco/ 03 Feb. 09)
Por su parte la alternativa informativa que emite por Internet sus noticias y que es conocida como “Contralínea”, publicó el pasado día 10 de abril una nota firmada por los periodistas Ana Lilia Pérez y David Cilia, quienes observaron que en Veracruz los medios de comunicación operan abiertamente a favor de que cierto candidato obtenga el triunfo en el proceso electoral que está por llevarse a cabo en dicha entidad federativa.

Veracruz.- En este proceso electoral, todo son simulaciones: la elección interna de los candidatos, el uso del aparato gubernamental y recursos públicos para el aspirante a gobernador; los apoyos sociales del gobierno federal a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN); y en medio de la contienda, un árbitro que simula vigilar el proceso, donde está en juego el tercer padrón electoral de todo el país.
Las campañas comenzaron desde noviembre pasado, tres meses antes del periodo oficial, cuando todo el estado yacía inundado de propaganda electoral disfrazada de anuncios de café y arroz, espectaculares con mensajes alentadores de un progreso venidero y publirreportajes en periódicos y revistas de sociales enmascarados como información.
El senador con licencia Juan Bueno Torio se anunciaba en bolsas de arroz y frijol marca “Bueno”, con el eslogan “De Córdoba lo mejor”; mientras que su primo político, el exsenador Gerardo Buganza Salmerón, lo hacía en un café soluble –el “Buganza”– que nunca estuvo en el mercado; el diputado Javier Duarte de Ochoa, en promocionales pagados por el gobierno del estado, con el eslogan “Vamos bien y viene lo mejor”… “Viene lo mejor, viene Yunes”, rezan los promocionales que, como director general del ISSSTE, mandó colocar Miguel Ángel Yunes Linares, usufructuando el lema gubernamental. Fuera de los tiempos que establece el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), en las portadas de periódicos y revistas, particularmente Líder, en su edición de Veracruz, desfilaron candidatos a gobernadores, alcaldes y legisladores en anuncios disfrazados. Incluso los ediles de municipios identificados como de pobreza extrema –entre ellos Mixtla de Altamirano y Coetzala– invirtieron recursos públicos en atractivas publicidades, con el afán de garantizarle la continuidad a su partido; maquillaje y glamour por un voto.

Los medios de comunicación que cuentan con mayor posicionamiento financiero, infraestructura y cobertura, significan un contingente de control social que beneficia a las élites de poder político y económico, al tratar de opacar o tergiversar la visión que tiene la sociedad sobre la administración pública. Además logran captar sumas considerables de dinero provenientes del gobierno y los partidos, que pudiera ser empleado en obras y servicios que reclama una población que se aproxima a 55 millones de personas que viven en estado de pobreza.
Esta circunstancia ha generado una espiral de complicidades que evitan que se finque la democracia, a pesar de la alternancia que tuvo lugar en 2002. Pudiera decirse incluso que este cambio no fue más allá de un relevo del mando, sin que ocurriese nada de fondo que pudiera considerarse como benéfico, en términos de equidad y desarrollo social. Los mismos agentes que durante cerca de siete décadas controlaron la administración pública, divididos entre empresarios, la clase política dominante y líderes de facciones o gremios, se han mantenido en el poder conservando intactos sus privilegios e inclusive hasta con mejoría de condiciones. Todo ello con el aval o la corresponsabilidad de los grandes consorcios que manejan los medios de comunicación. No hay democracia posible sin medios de comunicación que la impulsen y tampoco pueden existir éstos si los grupos de interés lo impiden.

Las resistencias al cambio provienen de los actores asentados que pueden obrar retrasando o impidiendo los cambios y a la propia inercia de las instituciones y de la sociedad. No hay que olvidar que el logro de un cierto asentamiento cultural y de valores supone muchos años y su cambio otros tantos. Además, rara vez los cambios suponen la eliminación de lo antiguo, sino más bien su evolución mediante la reinterpretación de viejos valores o el añadido de otros nuevos, con lo que el resultado es el de una cultura por estratos. (Arenilla, 1999:1)

Como sucede en varios países de Latinoamérica, los medios son el factotum que protege la permanencia del sistema. Con su capacidad discursiva manejan o refuerzan los imaginarios sociales, acarreando la marea de la opinión pública o desactivándola para que no exija ni tenga iniciativas orientadas hacia los cambios de fondo. El Estado en ocasiones figura como comparsa de estos grupos que controlan empresas, que sumariamente se adueñan de los recursos o espacios que debieran servir a la sociedad en su más amplio espectro. Esta cooptación de la esfera pública ha incentivado conflictos que se vuelven cada día más difíciles de controlar, como es el caso de las organizaciones criminales que hoy tienen en vilo a la sociedad mexicana, infiltrándose prácticamente en todas las áreas institucionales. Ya se le nombra al mexicano como un Estado “semifallido”, lo cual no es nada alentador ni augura un buen desenlace, a menos que la sociedad reaccione de manera organizada, sin embargo, ésta se haya tan fragmentada y vulnerable, que difícilmente pudiera intentar y mucho menos lograr el cambio.
No se vislumbran o son inexistentes las fuerzas civiles dispuestas o preparadas, tampoco es factible que se unifiquen en el corto plazo debido a las características que las distinguen, como es su heterogeneidad en distintos órdenes; desde factores étnicos, psicosociales, culturales, socioeconómicos, etcétera. Las asimetrías históricas representan grandes obstáculos, al igual que una dinámica geográfica y fronteriza que impone sus prioridades.
No existe una vocación ni un perfil transformador en los grupos que teóricamente pudieran ser más influyentes: las clases medias, por años acostumbradas a un estatus que las mantiene pasivamente acomodadas y estables. Digamos que tal vez la causa de esta actitud sea consecuencia de los setenta y dos años de la llamada “dictadura partidista”, que ejerció el PRI durante la mayor parte del siglo veinte. Es a la mitad de este recorrido donde cobran influencia los medios de comunicación gobernados por pocas familias. Sobresale entre ellas el apellido Azcárraga, cuyo heredero actualmente controla el 87 por ciento del mercado de la televisión. Además ha expandido hacia la radio, la cinematografía, las actividades turísticas, industria editorial, entre otros giros comerciales.
El otro consorcio con el que se reparte el dominio mediático es TV Azteca, que tiene aproximadamente 11 por ciento de este mercado y cuenta además con negocios de banca, de envío de dinero y tiendas de electrodomésticos.
Tal concentración de medios representa un desafío muy grande para cualquier intento de mejoría social por vía de la democracia. Por lo regular resultan electoralmente vencedores los políticos o grupos partidistas que gozan de la aceptación y por tanto se ven favorecidos por estos poderes fácticos.
La situación política tan inestable, no manifiesta alguna tendencia hacia la mejoría, sino todo lo contrario, cada vez se tornan más violentos los grupos enfrentados, también se vuelven más confusos los bordes entre la legalidad y la anarquía con la que operan las fuerzas dentro y fuera del Estado: las relaciones intra y extra gubernamentales. Aparentemente el futuro lo decidirá el uso de la fuerza, con o sin ley.
Basta un repaso a los medios no oficiales conocidos como medios alternativos, para comprender las dimensiones tan explosivas y críticas de lo que sucede en este país latinoamericano, que hace cuatro décadas mantenía niveles de estabilidad y crecimiento que le daban cierto estatus de liderazgo en Centro y Sudamérica. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué una caída tan profunda? ¿Hubo desinformación dentro y fuera del país?

De acuerdo con lo anterior, se podría decir que la pérdida o la ganancia de reputación es el proceso de percepción pública de la ausencia o del reconocimiento de cierta habilidad, manifiesta o inferida, del agente (funcionario u organismo) para alcanzar ciertos objetivos o fines (políticos en este caso) relevantes, por medio del uso de ciertos medios, de acuerdo con el control de ciertas consecuencias queridas o no buscadas. La reputación o crédito social es una percepción y un mecanismo comunicacional, al mismo tiempo. Es la percepción que el público tiene acerca del modo y de la habilidad de una persona, corporación o grupo social para alcanzar cierto fin, utilizando ciertos medios y controlando de alguna manera sus consecuencias. Como se dijo antes, la reputación es la percepción de la racionalidad. (Elizalde, 2006:p.170)

Los medios de comunicación fueron los artífices, junto con los gobernantes en turno (que siempre fueron del mismo partido) de imaginarios que hacían pensar en un auténtico desarrollo con justicia social. Alentaron, con su repitiente e insistente discurso, la creencia de que el país era próspero y abundante en oportunidades, que la riqueza estaba al alcance de cualquier ciudadano dispuesto a trabajar con la convicción de labrarse un futuro. Se trataba de un lugar pródigo, una parte del sueño americano.
Hubo auge petrolero, promesas del suelo fértil que, ayudado de un clima excepcionalmente noble, ofrecía inmejorables condiciones para la agricultura, lo mismo se decía del esplendor que atraía multitudes de turistas, que abarrotaban los destinos de playas o pintorescas poblaciones. Un sueño que de pronto comenzó su transformación en un amargo despertar a la realidad. Hoy, este país no tan sólo opera con los indicadores económicos más bajos del continente, sino que sus atrasos en rubros como la educación, el acceso a la salud, servicios asistenciales, vivienda o las oportunidades de empleo, ocupan los últimos lugares a nivel mundial. Con toda la evidencia externamente manifiesta, el discurso oficial y mediático no cambia. El actual presidente acusa a sus críticos foráneos y locales, de exagerar sus apreciaciones y ser tendenciosos o poco objetivos con la realidad. ¿Es esta una estrategia mediática para mantener la línea y continuar el paso, ya por cierto bastante dificultoso, por no decir paralizado?

Lo que sucede es que las instituciones del Estado, y algunas de la sociedad, funcionan a manera de retardantes del cambio y exigen que éste sea real y, por tanto, que cuenten con un impulso permanente en el tiempo. Esta fuerza no sólo deriva de las normas, sino de los actores que han intervenido en ellas, de los que las tienen que cumplir y de la sociedad sobre la que se aplican. (Arenilla, 1999:p1)

Es difícil hacer un pronóstico optimista para un Estado casi de sitio, como el que tiene México. Con las tropas recorriendo ciudades e instalando retenes en las carreteras, con las bandas ocasionándose bajas que se cuentan por miles de muertes: En lo que lleva de ejercicio la presente administración (tres años) ya suman una cifra cercana a 23 mil, incluyendo elementos policíacos y militares, que si bien representan el 5 por ciento de esta cifra, no deja de ser preocupante.
Por su parte los altos mandos del Ejército piden garantías constitucionales para “enfrentar al narco”, sin exponerse a ser enjuiciados legalmente por sus actos. Mencionan un caso de guerra y argumentan que es necesario “atacar”.
Evidentemente, el Estado mexicano atraviesa por una etapa de crisis que requiere la decidida concurrencia de actores de todos los ámbitos que operan constitucionalmente, es decir aquellos que intervienen de manera pacífica y organizada dentro de los estatutos legales. Es imperativo redefinir el modelo de vertebración del Estado, la organización de los poderes públicos. “La distribución del poder en el territorio no siempre responde a un esquema previamente pensado. Antes bien, en muchas ocasiones se produce como resultado de la negociación, muy fragmentada, y de los intereses que concurren en todos los espacios políticos” (Arenilla)

No se trata, en definitiva, mas que ejercer un liderazgo apoyado en las diversas facultades que le otorga tanto el texto constitucional, como el derivado de las relaciones y la gestión intergubernamental (RIG y GIG). Claro, es que ello debe realizarse desde la consciencia que el Estado difícilmente podrá sacar adelante las políticas cohesionadotas sin contar activa y lealmente con las Comunidades Autónomas y los entes locales, quienes gozan de gran legitimidad en la actuación pública encaminada a prestar beneficios a los ciudadanos. (Arenilla, 1999:p.2)

El problema del Estado y la sociedad mexicana se ha agudizado en la medida en que los actores operan dentro y fuera de los márgenes del texto constitucional, siendo éstos últimos fuerzas que incluyen el terror y la violencia como estrategia y práctica.
La semana pasada, (4 de abril de 2010) uno de los periodistas más prestigiosos del país, Julio Scherer García, publicó en su revista Proceso sobre un insólito encuentro que tuvo con uno de los capos más buscados por las autoridades policíacas y militares en México, así como por el FBI estadounidense: Ismaél “Mayo” Zambada. Esto tuvo lugar en un sitio que se mantiene hasta ahora como secreto, gracias a la previsión de este experimentado periodista.

La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra. A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego. Sin embargo, en momento alguno pensé en un atentado contra m persona. Me sé vulnerable y así he vivido. No tengo chofer, rechazo la protección y generalmente viajo solo, la suerte siempre de mi lado. La persistente inquietud tenía que ver con el trabajo periodístico. Inevitablemente debería contar las circunstancias y pormenores del viaje, pero no podría dejar indicios que llevaran a los persecutores del capo hasta su guarida. Recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator. Me hizo bien recordar a Octavio Paz, a quien alguna vez le oí decir, enfático como era: “Hasta el último latido del corazón, una vida puede rodar para siempre”. (Scherer, 2010)

Por su parte las declaraciones del activo y poderoso narcotraficante no dejaron ya ninguna duda sobre el estado de corrupción de las instituciones mexicanas, incluido el Ejército y los cuerpos policíacos, además de connotados políticos que han sido gobernadores e inclusive administraciones de presidentes, como Vicente Fox.

A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado en el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su “trabajo” en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta guerra perdida.
-¿Por qué perdida?
- El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.
(Scherer en conversación con el líder narcotraficante, revista Proceso. 04-04 -2010)

En otro artículo aparecido en el mismo número de la revista y escrito por Jorge Carrasco Araiza, se lee lo siguiente:

En 2001, El Mayo fue uno de los que protegió a El Chapo cuando se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en febrero de ese año, a la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República. De su capacidad para corromper autoridades civiles y militares hay dos referentes: la infiltración del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) del Ejército en 2002, y la Operación Limpieza de la PGR, dada a conocer en noviembre de 2008. No ha sido la de 2002 la única vez en que Zambada ha infiltrado al Ejército. En junio de 2009, la PGR informó del arraigo de nueve militares que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó al Ministerio Público Federal por su presunta relación con El Mayo. En el caso Operación Limpieza, se demostró que El Mayo y los Beltrán Leyva, entonces aliados, penetraron esa institución y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La PGR investigó a dos hombres cercanos del titular de la SSP, Genaro García Luna, por sus presuntas relaciones con Ismael Zambada: Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y Gerardo Garay Cadena, excomisionados d la entonces Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal. Según las investigaciones El Mayo pagaba más de 35 agentes del Ministerio Público Federal entre 350 y 400 mil dólares para que lo mantuvieran informado sobre las acciones de la PGR contra su organización y cualquiera de sus miembros. Los elementos de las dependencias infiltradas acabaron también divididos con las pugnas al interior del cártel, iniciadas en 2004, cuando El Chapo Guzmán ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, y agudizadas en 2008. (Jorge Carrasco Araiza, revista Proceso, 04-04-2010)

Estos periodistas incluyen en el número de abril del presente año, otros datos que dan cuenta de los niveles alcanzados por éste que se ha convertido en el mayor problema que ha enfrentado el país en su historia contemporánea.

Empresario antes que político, el precandidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, está en la mira de los servicios de inteligencia del gobierno federal desde hace varios años. El motivo: los negocios que presuntamente ha realizado durante más de dos décadas con uno de los barones sinaloenses de la droga, Ismael El Mayo Zambada. Alcalde de Culiacán con licencia, Chuy Vizcarra, como se le conoce en el estado, no sólo ha acumulado poder económico: en menos de una década ha dispuesto de suficiente capital político para ser diputado federal y presidente municipal. Hoy aspira a ocupar el palacio de gobierno de Sinaloa a partir de 2011. Claro Candidato de su socio, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; la jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y la clase empresarial del estado, en especial miembros de las influyentes familias Coppel y Ley.

Las circunstancias que se viven en el presente, hacen que amplios sectores de la sociedad mantengan la percepción de que predominan las tendencias que se inclinan hacia la corrupción, en casi todos los ámbitos o quizá en la totalidad del aparato gubernamental.
Es tan contundente la corrupción del servicio público que ha rebasado toda capacidad de control, lo cual expone al país a escenarios altamente peligrosos. Por si quedaba algún resquicio a salvo o dudas al respecto, una noticia publicada por el diario El Universal (18-04-2010) ha cimbrado una vez más a la sociedad mexicana: Existe tráfico de información sobre los ciudadanos desde las dependencias del gobierno federal.
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, consideró “escandalosa y preocupante” la venta de bases de datos de millones de mexicanos en Tepito, por lo que demandó al gobierno federal indagar a funcionarios.
Peschard solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar la existencia de una presunta red de servidores públicos que trafican información.
EL UNIVERSAL publicó ayer que en el mercado negro del barrio capitalino se pueden adquirir, en 12 mil dólares, archivos que contienen el padrón electoral, el registro vehicular y de licencias, entre otros.
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, advirtió que si los datos salieron del instituto se presentarán las denuncias correspondientes.
Comentó que se trata de un delito que debe perseguir la fiscalía especializada para asuntos electorales de la Procuraduría General de la República.
Ayer la Procuraduría inició un acta circunstanciada sobre la venta de datos. La finalidad de esta medida es dejar constancia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos.
Por múltiples causas el Estado y la sociedad mexicana se encuentran en una encrucijada. En opinión de politólogos y analistas de información, al igual que denotados periodistas, existe coincidencia respecto a la grave crisis que asola a este país.
Los ejemplos incluidos en el presente texto, muestran claramente la magnitud de la descomposición de un sistema que se ha tornado incierto. Sin embargo, gracias a los lazos que mantienen los medios de comunicación con las esferas del poder, éstos hacen mutis sobre la mayoría de las acusaciones que pesan sobre los actores políticos; evitan de cualquier forma hacer mención acerca de acontecimientos considerados de extrema gravedad.
En tanto reciban fuertes sumas por conceptos publicitarios, así como facultades sin límite para controlar el mercado mediático que les permite actuar prácticamente sin competencia, son capaces de mantenerse al margen del resquebrajamiento social que muestra este país latinoamericano.
El hundimiento, el enorme deterioro social, no les afecta porque tienen el suficiente capital que les permite mantener el poder, dado que estos recursos financieros se hayan distribuidos en compañías financieras que les permiten multiplicar sus ganancias. Lejos del país que contribuyen a desestabilizar se encuentran a salvo.
Una propuesta coherente y decisiva para comenzar un verdadero cambio, sería condicionar las concesiones que gozan los dueños de los medios, con el objetivo de dejar la regulación de la comunicación pos masiva en las universidades públicas y otros actores, quienes junto con instancias de la masa crítica de la nación, pudieran imprimir una orientación distinta, pertinentemente acorde con los ideales democráticos y el desarrollo equilibrado que hasta ahora no han sido experimentados a plenitud por los ciudadanos, según los parámetros o indicadores de bienestar y otras formas de calidad de vida.
Que los medios de comunicación tienen corresponsabilidad en estos contextos que acusan fracaso social, no es duda. Constituyen desde hace décadas un factor doloso, pues no han mostrado interés para sumarse a las iniciativas que corresponderían para enfrentar y desactivar las amenazas. En cambio se observa todo lo contrario: son beneficiarios de las crisis en la medida en que pueden lucrar con las grietas y rupturas del sistema político, así mismo con la pasividad y los atrasos culturales de la sociedad.

Los medios son poderosos actores políticos. ¿Qué sucede cuando hacen mal uso de su poder? ¿Qué ocurre cuando se convierten en defensores de intereses específicos antes que en un foro abierto donde se escucha un amplio de voces? En los Estados Unidos las respuestas están firmemente vinculadas con la Primera Enmienda que prohíbe al Congreso sancionar toda “ley que limite la libertad de prensa”. Aparte de un grado limitado de control por decisiones judiciales, los medios impresos están en libertad para usar su poder como les parece adecuado. Esto incluye la libertad de apoyar o socavar políticas y filosofías del gobierno, intencionalmente o no, y la libertad de otorgar o denegar publicidad a diversos grupos de interés y puntos de vista. (Altheide, 1986:p.363)

Entre más incapaces o corruptos se muestran los políticos y administradores públicos, más resultan gananciosos estos medios. En la medida en que se incrementan las faltas o delitos por encubrir o solapar, mayor les resulta la posibilidad de obtener ventajas. Puede esto compararse a las modalidades de extorsión que maneja el hampa.
La eficacia, el orden, el respeto a la ley, a los gobernados, no les significa negocio o beneficio alguno, pues no están habituados a servir a la sociedad en sus afanes democráticos, dado que se enfocan convenientemente en determinadas formas del discurso, como los escándalos, la persuasión y distracción hacia las audiencias, práctica que llaman “entretenimiento”, así mismo la difamación o descalificación de actores que pudieran serles incómodos para su expansión del poder.
No se ha aprendido todavía cómo conciliar todos los intereses de manera que se pueda diseñar una política pública en materia de comunicación masiva de largo plazo, congruente y de beneficio para todos.

Los medios afectan las políticas públicas en una variedad de maneras. Pueden ser un factor importante en la creación de problemas que luego requieren soluciones de política pública. O, a través de la publicidad, pueden engendrar acción del gobierno que hubiese podido no producirse de otra manera. Alternativamente, al movilizar al público hostil o a las opiniones de los grupos de interés, pueden obligar a un alto en las políticas corrientes o proyectadas. (Graber, 1986:p. 303)

Evidentemente en gran parte de las naciones más o menos democráticas, la comunicación continúa anclada en las viejas formas de toma de decisiones que se fundamentan en la aplicación discrecional de la ley o en el presidencialismo, como fórmula que todo puede resolver, en los viejos corporativismos, inercias y demás prácticas de sistemas anquilosados y viciados en todos los órdenes.

Al nivel internacional, las naciones del tercer mundo solicitan controles a la diseminación mundial de noticias, sosteniendo que se ven inundadas de noticias a menudo inútiles y nocivas de los medios occidentales ricos y poderosos. Los controles son fuertemente resistidos por los Estados Unidos y otras naciones occidentales sobre la base de que esos controles entorpecerían el libre flujo de la información. El asunto se reduce a si la libertad de diseminar información se ha degenerado en una licencia que beneficia a los poderosos a expensas de los débiles. (Altheide, 1986:p.364)

Ante esta problemática tan característica de la “pos comunicación masiva”, surgen varias interrogantes que urgen respuestas ¿Cómo restituir el valor a todos los discursos y a todas las voces que pugnan por ponerse de manifiesto? ¿Cómo es que la actividad de los medios se identifica automáticamente con la actividad de la iniciativa privada, la libre empresa y las tendencias autónomas de los mercados y no se considera también patrimonio de aquellos que las producen y aquellos a los que sirven? ¿Por qué cada vez que el Estado pretende incurrir en la definición de una política cultural y de comunicación expresa, se le interpreta como censor, controlador o autoritario? “Porque en el discurso se ha hecho una separación entre los conceptos de ciudadano y de consumidor, olvidando que el ciudadano es un ciudadano integral, en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural”. (Casas, 2005:p.136) Aunado a ello, la sociedad civil no parece muy interesada en cambiar el estado que guardan las cosas, no se decide a participar o todavía su participación es bastante tímida, digamos que poco audible o visible. Sin embargo, los grupos que surgen de manera organizada para suplir los vacíos informativos a través de las cada día más versátiles formas de comunicación, pese a tantas desventajas e inercias, prometen cambios sustanciales en esta era pos mediática.


BIBLIOGRAFÍA:

ALTHEIDE David. (1986), Control de los efectos de los medios, en El poder de los medios en la política. Doris A. Graber, (compiladora) Sec.6. Grupo Editorial Latinoamericano. Colección Temas. Argentina. Pp. 365,366.

ARENILLA Sáez Manuel, (1999), Las relaciones entre poder y territorio en la vertebración del Estado. Publicado en El Funcionamiento del Estado autónomico, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas. Pp. 1, 2, 16

ARTERTON Christopher, (1986) Las organizaciones de la campaña enfrentan el entorno de los medios, en El poder de los medios en la política. Doris A. Graber, (compiladora) Grupo Editorial Latinoamericano. Colección Temas. Argentina. P.191

CASAS María de la Luz, (2006), Políticas públicas de comunicación en América del Norte. Editorial Limusa, México. P. 117.

ELIZALDE Luciano, et al, (2006), La Comunicación Gubernamental: Problemas y Soluciones Estratégicas, en La Construcción del Consenso. Gestión de la comunicación gubernamental. La Crujía ediciones. Argentina. P.170

GRABER Doris, (2006) Guía de políticas públicas, en El poder de los medios en la política. Grupo Editorial Latinoamericano. Colección Temas. Argentina. P.303.

PERIÓDICO El Universal (18-04-2010) www.eluniversal.com.mx
PERIÓDICO La Jornada (03 Feb. 2009) www.lajornadajalisco.com.mx/
REVISTA Proceso (20-04-2010) www.proceso.com.mx/

jueves, 8 de abril de 2010

El ejército mexicano existe para proteger la integridad de los mexicanos no para convertirnos en sus víctimas.

LA PATRIA NO HACE AL SOLDADO PARA QUE LA DESHONRE CON SUS CRÍMENES, NI LE DA ARMAS PARA QUE COMETA LA BAJEZA DE ABUSAR DE ESTAS VENTAJAS OFENDIENDO A LOS CIUDADANOS CON CUYOS SACRIFICIOS SE SOSTIENE.

SAN MARTÍN.


La única razón por la cual existe el ejército es para la protección del bienestar de la ciudadanía y en cambio se comporta como una amenaza que amedrenta, humilla y asesina a personas indefensas.
Esto se entiende por los bajos niveles de preparación, desde el reclutamiento hasta la vida en los cuarteles. Evidentemente no es un ejército bien entrenado y menos aún dirigido o controlado, como corresponde al brazo armado de una república democrática y soberana. Es más, en estos momentos las fuerzas armadas constituyen un factor de riesgo para las libertades y los derechos humanos de los mexicanos, ya que pudiera llegar en el corto plazo el momento en que se acaben de transformar en una maquinaria represora, que anule cualquier tipo de iniciativa legal que acuse algo distinto a lo que la hegemonía mantiene como su orden conveniente.
Cada día son más frecuentes las noticias donde aparecen los soldados como victimarios de gente inocente y no sabemos realmente si les falta disciplina, logística o sentido común, Lo más probable es que les falta todo, inclusive racionalidad, pues actúan con excesiva brutalidad y eso es muy preocupante. La sociedad civil, utilizando las vías constitucionales como el Congreso, debiera responder de inmediato, pues se juega la poca tranquilidad y estabilidad de la nación.
El pueblo mantiene con sus impuestos al ejército, costea sus salarios, equipos, armamento, absolutamente todo; desde la construcción de cuarteles, hasta el entrenamiento y la manutención que, aún siendo una de las naciones que menos gasta en ese rubro en América Latina (2, 900 millones de dólares anuales) no deja de ser una cifra considerable. Por tanto, es inadmisible que el ejército actúe en contra de los derechos y de la vida de esos ciudadanos que pagan para mantenerlo.
Pagamos, quienes trabajamos, por tener seguridad y en cambio le damos vida a una amenaza, ya que no se ve al ejército actuar contra los verdaderos delincuentes que están identificados, inclusive como ex gobernantes: Llámense, Salinas, Zedillo, Fox y demás ladrones, junto con sus familias e innumerables amigos y socios. Todos ellos han comprometido y comprometen hoy en día, los bienes de la patria y el futuro de varias generaciones de mexicanos. Es vergonzoso y humillante ver que esas lacras se burlan, gozando sus mal habidas fortunas, de los que más padecen la pobreza,.
¿Sirve acaso el ejército para proteger a esta delincuencia? ¿Les pagamos para que, en lugar de evitar el desastre en que los verdaderos pillos han sumido al país, maltraten, violenten y asesinen a inocentes?
¿Por qué la disciplina, la capacitación de las fuerzas armadas, no sirve para poner un alto a los latrocinios y constantes atropellos de la Constitución, de la ley y del orden, y en cambio se utilizan par castigar al pueblo? ¿No tienen inteligencia y sentido común los altos mandos militares? ¿Están coludidos con el crimen que simulan combatir, porque les es más redituable apoyar la infamia que cometen los usurpadores y espurios que dizque gobiernan? ¿Se encuentran nuestras fuerzas armadas doblegadas ante el hampa local y los yanquis? ¿No aprendieron de la historia? ¿Vendieron el patriotismo y la dignidad?
Mexicanos: es posible que hayamos perdido nuestro ejército, porque se puso al servicio de la vileza, según lo que vemos todos los días.
Los militares nos infunden temor porque no sabemos a ciencia cierta en qué bando se encuentran, ya que todo parece indicar que las tropas están comprometidas para defender únicamente a la escoria del país. Esas élites que llevan años amamantándose del trabajo y del esfuerzo de los mexicanos. ¿Dónde está el honor de los militares? ¿Por qué no defienden al pueblo que les da todo?
No es posible aceptar que los militares renuncien al patriotismo y a los principios que todo ser humano que se dice honesto y coherente debe respetar, en primer lugar la vida de los semejantes que no han cometido ningún delito. Han asesinado hasta niños, por miopía o exceso de sangre fría, lo cual es deplorable y únicamente sirve para sembrar más odio entre la sociedad. ¿De qué se trata?
Que no le suceda al ejército una vez más lo que tantas veces ha mostrado el clero, que se ha puesto invariablemente, históricamente, de parte de los usurpadores, de los explotadores, de los que mancillaron la patria, como sucedió en la Guerra de Independencia, en la Reforma, en la Revolución mexicana y sigue sucediendo en cualquier avance progresista o emancipador del pueblo.
Vimos hace cien años al ejército alinearse bajo las órdenes del efímero gobierno del sanguinario y traidor, Victoriano huerta, el asesino de Madero, el mismo que se vendió a los norteamericanos que ambicionaban, como ahora, el petróleo y los bienes de México. Afortunadamente vencido ese ejército por los revolucionarios Villa, Obregón y Carranza, se transformó, según el curso de la historia, en un ejército que supuestamente defendería los principios de la Revolución: la tierra y la libertad, del grito de Zapata, lo mismo que la soberanía de la nación y los derechos y dignidad del pueblo.
Creímos en un ejército capaz de doblegar a los grupos del hampa y finalmente fue subordinado a los jefes de las mafias, desde EU, hasta Sinaloa. ¿Quién permanece realmente recto e intachable en el ejército mexicano? ¿Es verdad que los soldados vigilan cargamentos de droga, según el grupo o cártel favorecido? Esto es lo que se dice popularmente, inclusive en el exterior. Es importante llegar a la verdad, encarar los hechos como son. ¿Qué tan cierto es que Secretarios de la Defensa Nacional, como el general Cervantes Aguirre en el gobierno de Zedillo, operaban y aún lo hacen los actuales, junto con los “Zares antidrogas de EU”, para controlar el trasiego de estupefacientes y armas entre ambos países? Es poco convincente la “guerra” contra estos delitos, toda vez que los capitales, como producto de este negocio, se invierten impunemente en cualquier actividad económica de la “libre empresa”.
Es momento de que la sociedad reaccione, comprenda, despierte ante esta realidad amenazante. Más vale ahora porque así nos daríamos la oportunidad de salvar el destino.
En 1968 el ejército disparó contra la multitud inerme que se reunía en un mitin pacífico en la Plaza de Tlatelolco y según lo que se averiguó o salió a la luz años después, el ejército cayó en una trampa tendida por individuos sin escrúpulos que convocó a los militares a una lluvia de fuego cruzado y por tanto accionaron su armas. ¿Por qué lo hicieron contra la gente indefensa? ¿No les funcionaban los ojos, los oídos y los cerebros?
Se convirtieron de cualquier forma en asesinos y no ha aparecido nada que los absuelva.
El peligro ahora es que ese tipo de hechos se vuelva a repetir. Ojala que el próximo 16 de septiembre los militares se queden en sus cuarteles, puesto que no merecen el honor de que el pueblo los acompañe a desfilar. ¿A quién le apetece aclamar verdugos? Los mexicanos unidos deseamos que nuestro ejército demuestre que puede recuperar el respeto que tanto orgullo nos daría tener. Tal vez así los acompañaremos en el desfile en el 2011.
Espero que para entonces no se encuentre el país en manos del ejército, mediante un golpe militar como el que le costó a Argentina 30 mil víctimas, muchas de ellas hasta hoy desparecidas.
Ahora son esqueletos fríos que descansan en el lecho del mar o bajo capas de tierra de algún paraje perdido. No conformes ni satisfechos de tanta infamia, esos criminales mentalmente deformes, asesinos de gente que defendía ideales, les arrebataron sus hijos recién nacidos para entregarlos a familias o quien sabe a qué manos que se mancharon de lágrimas y tremendo dolor.
¿Eso hará el ejército mexicano?, ¿mutilará esfuerzos, segará vidas, acabará con anhelos de libertad, con generaciones de talentos?
Según lo que vemos ocurrir diariamente, hacia allá enfilan sus baterías, apuntan con sus armas. Por tanto, nuevamente, mexicanos, hagamos valer la razón. Este año, por todo lo que representa históricamente, es decisivo.
Digamos no al ejército, hasta que sea verdaderamente un defensor de los derechos de los ciudadanos que lo mantienen con el fruto de su trabajo, un ejército que sea verdaderamente útil al pueblo en sus momentos álgidos, en vez de actuar como una bestia que nos mata la voluntad y la esperanza que tenemos por hacer una patria mejor.

www.carlosvilaguzma.blogspot.com

domingo, 4 de abril de 2010

México en el abismo

De acuerdo a la información que remite a México todos los días, este país se ha vuelto inviable. El gobierno de Felipe Calderón fracasó, es un sexenio perdido.
Mas la pérdida no es tan sólo en cifras por lo que hace a la economía, que se mantiene como una de las perores del continente, sino que también cubre prácticamente todos los rubros: desde la educación a la productividad del campo o las industrias, lo mismo que la inseguridad que padece la sociedad, hasta la enorme corrupción e impunidad con la que actúan los políticos y delincuentes de toda laya. Se pasa por una etapa de terror, con tal incertidumbre que bordea el desánimo total. Quizá sea ésta la peor que se ha vivido durante la época moderna.
Por si las calamidades no convencen a los escépticos que no creen o palpan la profunda desgracia que alcanzó a México, es patente la mayor subordinación a los Estados Unidos, nación que se dispone a participar abiertamente en la política doméstica, lo cual se traduce en imponer o dictar ordenanzas en el terreno de lo militar e inclusive medidas de tipo cautelar para toda la sociedad.
Pese a que los medios de comunicación ocultan el grave descrédito en el que ha caído el actual régimen, las opiniones se multiplican por la red cibernética, así como de boca en boca, encontrándose en ellas incluso la exigencia de la renuncia del presidente Calderón, quien adolece de habilidades para ocupar el cargo, toda vez que su personalidad lo exhibe como alguien propenso a conductas de verdadera torpeza. Hemos constatado que acusa ignorancia hasta en el uso del lenguaje, al tiempo que se conduce de manera pusilánime con los grupos que ejercen la hegemonía, cual obediente empleado, sumiso y al mismo tiempo agresivo con quienes no simpatizan con su lineamiento o doctrina, que se orienta entre la política a secas y lo que tiene carácter confesional, pasando por encima de lo constitucional.
Se le percibe bastante dispuesto a cumplir las órdenes de los autoritarios vecinos del norte en materia de seguridad nacional, lo mismo sucede hacia las exigencias de las empresas multinaciona que decidieron operar en este país, que ven como oportunidad de negocios. Calderón llegó a la presidencia exclusivamente para ofrecer garantías a los grupos de la elite financiera nacional y extranjera.
Incapaz, después de cuatro años de ejercicio de la presidencia, de siquiera poner en funcionamiento al menos una sola iniciativa a favor de los gobernados, como corresponde a un jefe de Estado, hoy su mandato se ha vuelto casi imposible de soportar, inclusive hasta para quienes en principio se mostraron dispuestos a apoyar su periodo sexenal. Por esta razón es difícil creer que pueda lograr permanecer durante los dos años que restan hasta que sea reemplazado.
Tampoco es razonablemente sostenible argumentar que toda la culpa del vuelco al despeñadero, recaiga en este solo individuo y quienes le acompañan en la fallida empresa de gobernar a México. Hay condiciones que intervienen en el fracaso, como lo es un Congreso que impide un accionar hacia determinado rumbo. Se trata de mecanismos paralizantes que restan mando al de por si débil presidente y su grupo, que igualmente no incluye en sus filas personas capacitadas para enfrentar el nivel de las exigencias actuales. O si las hay, es evidente que no se les toma en cuenta.
A poca distancia de tocar fondo el país se asfixia, al tiempo en que peligrosamente acumula presión que en cualquier momento pudiera estallar. Las combinaciones o revolturas de las fuerzas que operan en la compleja sociedad mexicana, desde la amplitud de las fronteras geográficas y sociales, hasta los sótanos tenebrosos del crimen que campea como amo y señor del ambiente, ya están tan licuadas u homogeneizadas que confunden a la opinión pública interna y externa. No se distingue más la cizaña del cultivo benigno. La maleza no permite ver aquello que no está contaminado, por lo que a más de alguno le pasa por la mente prender fuego a todo el territorio social. El incendio que sería provocado por quienes atisban sacar ganancias no está descartado.
Así que después del pozo, la incineración. El país se despedaza en el abismo.