lunes, 14 de diciembre de 2015

¿Guerra en México?

El inminente estallido de conflictos en el interior de México nos pone a pensar en lo que pudiese haber detrás de todas esas rupturas, protestas e inconformidad social que deriva en manifestaciones y desconocimiento de autoridades, toma de instalaciones como casetas de peaje, cierre de autopistas, ataques a presidencias municipales u otras movilizaciones cada día más frecuentes y violentas. Lo que sucede en gran parte del sur del país, con extensión hacia ambas costas del Pacífico y del Golfo, además de algunos brotes en Baja California, sugiere que las condiciones están dadas para que surja un gran conflicto; solamente falta el incidente que lo provoque. El Estado ya no es capaz de gobernar en todo el territorio nacional. Ha perdido sustancia, solidez, dominio y capacidad para contener al crimen organizado, causante principal del quebranto social, mismo que se alimentó de la inoperancia y corrupción de los gobiernos federales, estatales y municipales, durante décadas. A causa de ello apareció una forma de sublevación de gente que ha llegado al límite de las posibilidades de sobrevivir frente al embate brutal de la violencia que se ha dado en todas sus manifestaciones, sobre todo en sus vertientes de extorsión, secuestro o desaparición forzada de personas. Abundan por todas partes las fosas clandestinas, crece el terror en tanto que se esfuman los derechos humanos para la mayoría de ciudadanos que habitan en las áreas sacudidas por la presencia de grupos armados, tanto oficiales como criminales de los cárteles o supuestos grupos de autodefensa civil que resultan igualmente violentos. Será al principio en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, donde habrá más acciones en forma de guerrillas que facilitarán la toma del control por parte de los grupos que se organizan y entrenan para enfrentar a las fuerzas armadas federales, aunque inicialmente estas filas de individuos fueron creadas para defender a las poblaciones de los grupos delincuenciales que tomaron control de las mismas. A estas agrupaciones de civiles armados se sumarán seguramente otras más que forman familiares o gente cercana a las víctimas de Iguala y de otros lugares como Atenco, que han sido escenario del trato violento hacia la población por parte del Ejército y policías estatales o municipales, además del que les infligen las bandas de sujetos que sirven al crimen organizado, principalmente en el Estado de México, y Michoacán. Por su parte la movilización de las corrientes del SNTE igualmente irradia una inconformidad que se torna cada día más violenta y por motivos que no han sabido atender las autoridades del gobierno federal, debido a la falta de voluntad política que se origina fundamentalmente por el exceso de confianza que se tiene en las formas tradicionales de imposición y represión, que históricamente ha utilizado el Estado como único recurso. Posiblemente los grupos inconformes ya reciben ayuda en logística, armas y efectivos del extranjero, que ingresan de manera clandestina, como sucede siempre en esta clase de conflictos. Sería cuestión de unos meses a partir de los brotes iniciales para que se extienda un levantamiento que pudiera llegar a Centroamérica, en interacción con pares igualmente alzados, en tanto que en los Altos de Chiapas los zapatistas permanecen atentos y quizá en preparación para continuar la lucha armada que iniciaron en 1994 y abandonaron como tal pocos años después, cuando se dio la alternancia al régimen del PRI y lograron establecer su autonomía comunitaria. ¿Qué tanto hay de influencia de Estados Unidos, a través de qué mecanismos o dispositivos, en estas circunstancias enrarecidas que se desarrollan en lugares tan cercanos a recursos de minerales auríferos, ferrosos, litio, hidrocarburos, potencial portuario, aprovechamiento eólico, etcétera? ¿Qué relación tiene esta violencia con las zonas de siembra y tráfico de drogas como amapola, que se producen en las sierras de la región? El conflicto creado puede cumplir, entre otros, con el propósito de acabar con resistencias que históricamente se han dado ante la colonización de la zona, por parte de las multinacionales amparadas en tratados comerciales y de cooperación militar que hicieron y continúan realizando los gobiernos neoliberales, como los llamados Plan Puebla-Panamá o el Plan Mérida, signado por Jorge Bush y Vicente Fox y a través del cual existe intercambio que los estadounidenses entienden como anuencia de los mexicanos para que operen con logística, equipamiento, armas y efectivos, que introducen al país con el argumento de enfrentar a los cárteles. El control de rutas marítimas y terrestres de esta parte geográfica ístmica conlleva razones estratégicas que son primordiales para los intereses estadounidenses en la región, sobre todo en el litoral del Pacífico, esencialmente ahora que son confrontados directamente por los intereses de China. No ha sido posible para ellos tener dicho control en forma plena debido a las estructuras sociales y políticas a las que se añaden tradiciones de fuerte arraigo, como son algunas formas de auto gobierno comunitario. La ideología de la gente que habita en estas latitudes del sur y sureste, tampoco concuerda con las visiones neoliberales en tanto que suponen la asimilación o socavamiento de las diferencias étnicas o la diversidad de valores donde descansa el patrimonio cultural que desean mantener. La población se opone a los cambios que conllevan la explotación de recursos materiales y humanos, asociados al esquema económico que se disfraza de modernidad a nivel discursivo, por lo que todo lo que se resiste al neoliberalismo es violentamente atacado. En este sentido algunos de los llamados cárteles han sido fomentados soterradamente bajo un plan que sigue la lógica de ser posteriormente perseguidos por el Estado, por lo que éstos responden en forma extremadamente violenta. Esta medida originó la creación de escuadrones que se auto nombraron grupos de autodefensa cuyo número de efectivos tiende a crecer en forma exponencial. Los “autodefensas” subordinan varias extensiones a su accionar que repele tanto a grupos del crimen organizado, como al Ejército y policías. Si se prolonga esta lucha el Ejército se verá forzado a concentrar más unidades de ataque en estos estados. Por su parte las comisiones internacionales de investigaciones de delitos tales como desaparición de personas y ejecuciones en México y que tienen evidencias cada vez más contundentes que señalan que ha tenido responsabilidad el Estado, forzarán a que las partes involucradas actúen en forma más intensiva en la región, con la finalidad de opacar o distraer las revelaciones que seguramente se llevarán a cabo con dicha averiguación de la verdad, e incluso suspenderlas con un acrecentamiento de los conflictos. Esto llevaría a una forma de guerra civil de consecuencias funestas para la población que estaría aislada e inerme.

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