jueves, 24 de enero de 2008

Circo, maroma y Pemex

Hace varias décadas la nación era propietaria de cientos de empresas en la mayoría de los sectores, además del energético que todavía conserva en parte. Pertenecían al Estado y por ende a los ciudadanos un gran número de entidades productivas que operaban en casi todas las ramas que van desde la banca y productos financieros, explotación minera, forestal, industria de la transformación, transporte, comunicaciones, almacenamiento, turismo, agro, hasta industrias culturales y de servicios.
La razón de ser de esta política fue, entre otras, garantizar, impulsar y fortalecer la planta productiva nacional con la multiplicación de empresas gubernamentales y privadas, así como lograr mayor equilibrio de la balanza de pagos con aumento de las exportaciones, entre otros soportes de la economía , sin embargo, la estatización se volvió un problema debido a que las empresas privadas quedaban en desventaja frente a la prácticamente inagotable solvencia, entre otras facilidades, que tuvieron las empresas propiamente oficiales o paraestatales. Ese fue siempre uno de los argumentos con los que la iniciativa privada exigía al gobierno deshacerse de dichas empresas; a los empresarios les parecía una competencia desleal la proliferación de tales organizaciones y la administración de las mismas una función ajena al perfil del Estado.
Estos activos públicos operaban por lo regular en base a planes sexenales que involucraban a miles de funcionarios o burócratas que a toda costa procuraban obtener buenos ingresos, además de aquello que les permitiera acomodarse holgadamente en las clases altas. A base de relaciones, algo de suerte, intuición o lo que llaman “olfato político”, les era posible escalar los peldaños del siempre movedizo y brioso ascenso hasta los puestos directivos de las paraestatales. Lo común, era aprovechar la ventaja del puesto que podía durar seis o más años, para concretar alianzas que significaban oportunidades y el aseguramiento de una carrera política, con negocios incluidos, dependiendo del grado de ética, convicciones, principios o habilidades de quienes se veían favorecidos con tan codiciados empleos.
Los cargos de importancia en las paraestatales daban la posibilidad de hacer enormes negocios tales como contrataciones o compras, con su respectiva participación, que no pocas veces resultaron en escándalos que hicieron pisar la cárcel a más de algún funcionario.
Además fungían como agencias de colocación para surtir de empleos como pago de favores o simplemente para acallar líderes de grupos disidentes que eran sistemáticamente comprados con puestos, comisiones o aviadurías. No solamente se veían favorecidos quienes estaban en la nómina si no que la derrama alcanzaba a instancias externas como subcontratistas y arrendatarios, entre otros proveedores del sector privado. Como parte del sistema fueron una pieza decisiva para nutrir procesos electorales al favorecer candidatos o grupos ligados al PRI, con pagos en efectivo o en especie.
La mayoría de dichas empresas operaba con números rojos por múltiples razones que van del total desinterés o incapacidad de quienes las manejaban, hasta el constante saqueo y despilfarro con que operaban. Por si fuera poco, fertilizaron el campo para que aparecieran y financiaron sindicatos más especializados en encumbrar gente para insertarla en el sistema en busca de los privilegios que ofrece el poder, que en mejorar las condiciones laborales de los agremiados.
Por todo lo que llevaban a cuestas y el impacto contraproducente que tenían en la sociedad, las paraestatales se convirtieron en una carga para el Estado más que un beneficio, aunado a ello, el cambio de las dinámicas globales en materia de mercados, entre otros factores como el aumento del poder de las trasnacionales, fueron detonantes para que fueran soltadas y absorbidas por los grandes consorcios y por los sujetos y/o grupos favorecidos por la cercanía que guardan con las cúpulas políticas.
Con todos sus claroscuros estos organismos formaron parte del desarrollo que mantuvo el país y de alguna manera fungieron como soporte de actividades estratégicas como la siembra y distribución de maíz, la operación de los ingenios azucareros, la extracción minera, almacén y distribución de alimentos, transportación aérea, terrestre, marítima, sector agrícola, pesca y por supuesto el sector energético.
Gracias a dos de estas empresas (Ferrocarriles Nacionales de México y Ferrocarril del Pacífico) los mexicanos teníamos la posibilidad de viajar en tren como lo hacen la mayoría de ciudadanos en el mundo. Este importantísimo medio de transporte fue privatizado con argumentos que nada tienen que ver con lo que finalmente sucedió y tenemos. No tan sólo ya no contamos con este servicio que en otras latitudes es indispensable, si no que las instalaciones han sido bardeadas, literalmente bloqueadas por sus nuevos dueños estadounidenses en una forma que pareciera marcar un territorio ajeno al país. El desplazamiento sobre rieles desde el norte es posible para cualquier caso de invasión. Cabe preguntar a quién sirvió la privatización de los trenes e infraestructura ferroviaria y la misma interrogante pudiéramos aplicar para indagar sobre los beneficiarios de otras ventas y hasta remates que llevan a cabo los gobernantes apoyados por las cámaras legislativas también a las órdenes de los organismos internacionales y de las familias involucradas y beneficiarias de las transacciones que tienen lugar al amparo de la ilegalidad que no de la ley como esperaríamos que fuera.
Antes de pensar en que PEMEX reciba capitales privados para participar como accionistas en exploración, perforación, explotación, petroquímica y otras actividades relacionadas, es elemental observar resultados de los traslados, los múltiples desplazamientos de bienes públicos al sector privado que han emprendido los gobernantes. Medir las consecuencias a futuro y evaluar resultados debería ser el punto de partida y no la urgencia de las trasnacionales y políticos contratados por ellas.
La falta de maquinaria es un pretexto que no encaja totalmente en la realidad. Son primordialmente intereses de apropiación particular en oposición a la vocación nacionalista y pública de la empresa petrolera mexicana, los que ordenan al grupo gobernante a que endose el sector energético a su favor. Detrás de la presión se menciona a Bush como uno de los principales interesados en el petróleo mexicano y a las compañías españolas del sector energético que pretenden introducirse en el mercado estadounidense desde nuestro país.
Petróleos Mexicanos no ha sido diferente en su lógica al resto de las paraestatales que le acompañaron durante buena parte de la historia moderna de nuestro país. No sabemos a ciencia cierta qué sucede con los recursos que genera y se nos hacen costosos los productos derivados como la gasolina. Esto se reconoce debido a la falta de desarrollo de la industria petroquímica y la dependencia tecnológica en todos los campos involucrados, aunado todo ello a directrices deficientes. Las finanzas de la empresa constantemente son sacudidas por malos manejos y al mismo tiempo es el mayor fondo por vía tributaria del que dispone el Estado para el gasto social. En manos externas de cualquier índole estaría en temerario juego precisamente el sostén del país.
La congruencia apunta del lado de una depuración y modernización total de la principal fuente de ingresos que se tiene, sin poner en riesgo un ápice de su pertenencia a la sociedad mexicana. Mejorar todos los renglones inherentes al petróleo durante el tiempo en que se mantenga la posibilidad de extraerlo, de acuerdo a las reservas y nuevos descubrimientos, es una asignatura importante. Además ésta riqueza debería servir para impulsar el desarrollo de fuentes alternas de energía como la solar, eólica, biótica, entre otras.
En síntesis, las privatizaciones en México, además de ser propiciadas bajo presión externa de los organismos financieros internacionales, han servido para enriquecer a ciertas elites que tienen acceso a los más elevados niveles de poder. Han contribuido al empobrecimiento y atraso en los diferentes sectores más que a una mejora en la calidad de vida de la mayoría. No ha cambiado la situación de la población con el traspaso de las carreteras o los transportes. De nada públicamente valioso ha servido la telefonía en manos de un magnate y vemos el trato de su empresa hacia los usuarios que es igual o peor que el que se tuvo antes, además las tarifas y cobros se ejercen sin control alguno. Telmex es uno de los monopolios más poderosos, caros e ilícitos del mundo. Los aeropuertos son ineficientes y costosos al igual que las carreteras de peaje y no se diga el gas cuyo precio se ha disparado a partir de su entrega a los concesionarios.
El curso de la privatización del sector energético tan negado por las autoridades, está en marcha, por lo que es importante la suma de esfuerzos y voluntades en defensa del factor más importante que tenemos para sostener económicamente el país.
Aún con toda su inoperancia, el envejecimiento y obsolescencia de su infraestructura y retraso tecnológico, pese a la sangría interminable de que es objeto, PEMEX es la instancia que hasta el día de hoy costea la mayor parte del gasto público de México. Privarnos de ella o sus partes es restar presupuesto a partidas o erogaciones básicas para la población de menos recursos, significa disminuir fuerza para hacer frente a los requerimientos y problemas sociales en todos los renglones y todavía no encuentro la lógica mediante la cual en base a venderla se pueda hacer más mexicana. De acuerdo a esta racionalidad que utiliza Calderón para enfocar y resumir los hechos, así sucederá con las inversiones privadas en la compañía petrolera y en todo el sector, es decir, será más nacional, más nuestro en la medida en que lo configuren bajo las leyes privatizadoras del mercado global. ¿Será? Yo pienso que no. Por el contrario, las tensiones aumentarán con las dificultades que implica centrar la atención en la transformación neoliberal en lugar de atender las prioridades y generar verdaderas políticas sociales que es lo más apremiante. Todos los males parten del desequilibrio mayúsculo que refleja la sociedad y de la insistencia de los grupos hegemónicos en permanecer en el mismo rumbo que solamente ha sido una especie de fábrica de magnates a costa del padecimiento de millones que ya no ven la manera, no saben verdaderamente qué hacer para sobrevivir.
No tan sólo la pobreza y su tendencia a agudizarse son consecuencias de la forma en que la gente de poder pretende tener más, si no que también los recursos se deterioran a la velocidad en que la ambición transforma los espacios naturales y literalmente borra el paisaje con todo y la vida que conlleva. Bosques, cuencas, acuíferos subterráneos, playas, selvas y demás fuentes de vida, son acosadas diariamente por máquinas, explosivos, derrames tóxicos y demás ingredientes de la agresión del capital sin fronteras. Es la factura del progreso dicen sonrientes los promotores de estos “cambios” que llaman reformas.
Si el país está en manos de gente lesiva, antidemocrática e indiferente al sentido patriótico, los que no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados somos los ciudadanos que deseamos ordenar las cosas de una manera democrática en la amplitud del concepto.
Es necesaria toda protesta viable para alcanzar el objetivo que es impedir más abusos y sobretodo este que sería la derrota final del pueblo para condenarlo al sometimiento incondicional de los intereses de grupos cuya ética les confunde con los cárteles que azuelan a las naciones.
La división entre lo público y lo privado, el derecho de ambas riveras, es materia de un análisis riguroso que nos permita esclarecer nuevamente cuál es la razón, el objeto capital que guardan los bienes públicos y la importancia de su permanencia y fortalecimiento para la sociedad en el contexto global del desarrollo de la economía dominante. Privatizar algunas empresas e incluso sectores completos puede reforzar económicamente al país al crearse polos de inversión, producción y circulación de productos o servicios altamente competitivos, sin embargo, los beneficios amplios derivados de tales dinámicas no se han demostrado, este escenario no se ha presentado en nuestro país. No es más fuerte la economía que hace veinte años. El no crecer nos mantiene enfrascados en una vorágine de endeudamientos y expectativas incumplidas que se tratan muchas veces de ocultar con cuentas alegres y discursos de fanfarronería propios de un acto circense donde un bufón enfrenta a las fieras.
Ni los millones de spots que inundan las frecuencias de radio y televisión, ni tampoco los kilómetros de líneas que escriben diariamente los que tienen la consigna de tratar de motivar la confianza de los lectores o audiencias con sus loas a lo que hacen o dicen los gobernantes, pueden ya negarnos la verdad: Los bienes públicos más valiosos del país han sufrido una subasta y van por más los martilleros.
No se qué es lo que pueda parar la fiesta. La gente ya se cansó de ver la misma función y estos cirqueros no descansan a los enanos ni a los payasos, junto con sus animales.
Afuera, miles continúan en sus maromas para sobrevivir el día, adentro, los trapecistas vuelan de puesto en puesto sobre la red del erario público.
Nosotros, adentro y afuera, permanecemos en tensión, por momentos pasmados y de pronto hasta cerramos los ojos, pero no nos perdemos el espectáculo.

sábado, 19 de enero de 2008

Aguas turbulentas o remanso sexenal

Ayer envié una opinión sobre el movimiento de piezas del gabinete calderonista y me faltó decir algunas cosas. Veo que todavía es un tema del que se ocupan varios colegas porque tiene más trascendencia de la que se observa a simple vista. Sin embargo, difiero de algunas opiniones que pronostican tormentas debido al relevo en la secretaría de gobernación.
Comenté que la falta de escenarios de choque mayúsculos por parte de grupos de ciudadanos que han manifestado diversas formas de rechazo e inconformidades, es lo que principalmente motivó la salida de Ramírez Acuña, ahora sustituido por un personaje que está levantando marejadas a unas horas de su nombramiento debido al manto oscuro que lo envuelve.
En política a veces sin golpear se pega más fuerte y en este ajedrez otra de las partes lastimadas con el cambio en Bucareli es el grupo lopezobradorista. Lo curioso del asunto es que muchos seguidores de Andrés Manuel se han manifestado en lugares visibles para festejar la salida de FRA sin percibir la señal de que si ya prescindió el gobierno federal de los servicios de quien se llevó el trofeo (con medallas incluidas para los policías del “operativo” represor del 28 de mayo del 2004 en Guadalajara) de gobernantes de mano dura, es porque ya la disidencia o resistencia civil no le significa mayor amenaza.
¡Aguas! Aquí es donde se encuentra el punto fino porque tal vez ya se transparentó toda la fuerza, capacidad de organización, movilización y también de división y hasta dimisión de lo que fueran aquellas mareas humanas y clamores que trataron de frenar el abuso de los poderes unidos.
Irónicamente y para su mala suerte, el ex ministro no tuvo oportunidad de mostrar lo que mejor sabe hacer, con el músculo que le distingue y ganar así las simpatías y sobretodo hacerse indispensable para un grupo que intentara gobernar bajo la zozobra que significa estar amenazado por las huestes de uno de los líderes más carismáticos, informados y hábiles de los años recientes.
El panorama seguramente preocupa a los dirigentes de las distintas corrientes y al mismo López Obrador. Mouriño tiene mucho menos margen de maniobra para actuar en contra de mexicanos por todo lo que precipitaría en contra: una reacción xenófoba según lo que apuntan con mayor énfasis las críticas hacia su carácter de “extranjero naturalizado”. Lo cual quiere decir que no es el demonio represor de movimientos y líderes sociales que están construyendo las plumas si no otra cosa distinta; un empresario más metido en la política para acrecentar su fortuna en un contexto literalmente blindado y favorecido por los vientos neoliberales donde la debilidad o el control de los grupos opositores garantiza en buena medida la marcha de los negocios.
Esto significa que la clase en el poder ve aguas tranquilas o en su defecto tiene confianza en los elementos que puedan tranquilizarlas. Además, al parecer las aguas se serenan por sí mismas debido a distintas causas y también diferentes causes por donde se ha ido la corriente, otrora torrencial y atronadora.
El gabinete se siente a salvo en una orbita estacionaria desde donde puede operar más tranquilamente sus negocios que ya no asuntos propiamente de un Estado democrático. Durante cinco tranquilos años les espera todo un remanso de oportunidades. Se ven sus integrantes arribando a una fase mucho más tersa que el panorama que anunciaban los cielos encapotados que provocaron al unísono los millones de renegados que prometían cobrarse el triunfo y con ello hacer el cambio auténticamente democrático. Esto es lo que sucede ahora y falta ver qué tanto resisten las radiaciones externas que no obstante ser favorables, en altas dosis pueden desequilibrar y acabar con todo lo planeado.
Por su parte lo que se conserva de unidad en contra de la avalancha neoliberal y sistémica, debe disponer otra genialidad o varias de las que de vez en cuando saca de su arcón, para soñar, pensar, y finalmente construir el indispensable contrapeso y regreso al desarrollo, de lo contrario pasará lo mismo de siempre: nada.

El sube y baja

El final del ciclo de FRA en la cartera de gobernación no debe extrañarnos más que su llegada al despacho de Bucareli. Se le instaló en ese puesto no precisamente en agradecimiento a su audaz destape como afirma la mayoría de los que se han ocupado de seguir el desenlace de estos acontecimientos que tienen al ex gobernador de Jalisco como actor central. Opaco, como le nombra el cartón de Manuel Falcón, fue “invitado” a dirigir la secretaría de gobernación en previsión de mayores movilizaciones y frentes desde los grupos en disidencia o desacuerdo con los resultados de los comicios del 2006, además de los inconformes por las políticas de Estado que han remado en la corriente neoliberal. Como no hubo tales escenarios o no tantos como se esperaba, que reprimir con la probada experiencia de Ramírez Acuña, su presencia al frente de los mecanismos de control que representa el cargo ya no se hizo necesaria de acuerdo a lo que vemos.
Al margen de la señalada falta de estatura que mostró él y su equipo en la operación política que exigía y exige el momento que atravesamos, lo que realmente falla es la cabeza y por más que se ampute miembros y se ponga prótesis extranjeras, no será más que un cuerpo en estado zombie, medio frankesteiniano con tripolaridad angloibérica yunquista y además militarizado.
Así que no es aplicable ni recomendable toda la culpa en el político despedido o auto renunciado del gabinete y no nos extrañe verlo algún día alinearse con la oposición. Lo que sabe de las entrañas del neosistema con cimientos de la era PRI, puede cotizarse bastante al igual que sus relaciones y labia para obtener adeptos. Ahora se encuentra en la etapa de probar lealtades y ver con qué cuenta para seguir o no en las batallas por momentos aberrantes en la lucha por el poder en los distintos niveles y ámbitos locales y nacionales.
Quienes le conocen mejor seguramente apuestan por idear algo que los regrese a las arenas principales. Sin embargo falta conocer lo más importante: Qué es lo que el propio Francisco Ramírez tiene en su cabeza. Qué vio, qué sabe, con quiénes se reunió, con qué propósito. Todo eso es dinamita pura en manos que la sepan utilizar, léase en política negociar y recuérdese que en esta actividad y en otras, muchas veces lo que se considera un fracaso o caída no es si no el comienzo de la subida.

lunes, 14 de enero de 2008

Información:poder de algunos o baluarte social

El poder de la información no se agota en el que utilizan los monopolios mediáticos para jugar sus cartas en la política, si no que debiera ser un derecho ciudadano y la práctica informativa un acto de justicia.
Por más que se pregonen cambios y se quiera exhibir en el exterior una nación civilizadamente estable, la verdad es que la equidad, la justicia, la libertad de expresión, la gobernabilidad, entre otros dispositivos indispensables en las sociedades democráticas, no operan adecuadamente en México. El régimen actual y los anteriores se sostienen por las fuerzas armadas y por las facultades que les confieren los tres poderes, sumada a la propaganda que inunda e insufla los espacios públicos y privados a través de los medios de comunicación masiva. La voluntad ciudadana no figura en la toma de decisiones más allá de involucrarse en amañados y deficientes procesos electorales a modo de quienes mantienen el control social con la influencia de sus capitales y medios masivos.
Nada distinto de las dictaduras que ha padecido la humanidad en los tiempos modernos.
La ciudadanía queda inerme ante un congreso cuyo trabajo legislativo es incapaz de modificar las condiciones que permiten que unos pocos vivan abismalmente distanciados y muchas veces a expensas de la mayoría y que además ese reducido número lleve a cabo pactos con gobiernos extranjeros y empresas trasnacionales donde se juega el destino de las generaciones de mexicanos en términos de recursos como bienes públicos, soberanía geográfica y estratégica, seguridad nacional, desarrollo social, política externa: y otros rubros que conforman prácticamente la totalidad de los activos. Además, las cámaras controlan la mayor parte del presupuesto discrecionalmente y se constituyen como asamblea de privilegiados cuyo estilo de vida no guarda semejanza alguna hacia la mayoría de gobernados. Con algunas salvedades a contracorriente, los diputados y senadores sirven a poderes fácticos y se han beneficiado política y económicamente tanto ellos como los grupos que les promovieron y apoyaron en la obtención de la curul o el escaño y que no representan ciertamente la parte más vulnerable de los sectores sociales.
El poder judicial hemos visto que es una instancia maleable según la conveniencia de otro poder que continúa ejerciéndose en nuestro país con bastante similitud al que ejercía el Tlatoani en turno en el mundo azteca: el poder ejecutivo que encarna el presidente de la República y que finalmente doblega a los demás con muy escaso o limitado contrapeso.
Entre quienes han sacado grandes ventajas de esta dinámica se encuentran los propietarios de los consorcios que controlan la industria de la comunicación de masas. Hacia ellos se han encauzado enormes flujos de capital provenientes del erario público y prácticamente podemos afirmar que de ahí han obtenido gran parte del financiamiento que les permite ser lo que son. Literalmente los ha mantenido y los mantiene el Estado a través de los gobiernos. Únicamente los partidos políticos destinaban el ochenta por ciento de su presupuesto en productos y espacios publicitarios televisivos, cosa que de alguna manera va a cambiar con la nueva reforma electoral, aunque no exista garantía alguna sobre las formas de uso de medios de comunicación en procesos electorales y durante los periodos intermedios. Lo más seguro es que aquello que deje de facturarse como compra directa de propaganda se compense con creces por otras vías, como sucede en Jalisco, donde el gobierno del estado levantó una gran polémica al destinar el año anterior cerca de setenta millones de pesos para un evento juvenil de Televisa, además de comprometerse a aportar cerca de setenta millones más al Teletón durante siete años, más todo lo que implica el costo de un desfile anual de “estrellas” de televisión por las calles de Guadalajara, que se lleva a cabo desde hace más de una década y cuyo costo es de al rededor de 10 millones por evento. Por si esto fuera poco, recientemente se ha dado a conocer el nuevo “compromiso” del gobierno hacia la televisora según el cual coparticipará en la producción de una telenovela en la parte que cubrirá costos de hospedaje, alimentación, transportación, entre otros requerimientos de la gente del elenco y equipos de producción. Se calculan los gastos de estas cuestiones en alrededor de doce millones de pesos.
Con esta clase de “convenios” bien que puede recuperarse la empresa de lo que deja de percibir con la compra de espacios que utilizan los partidos para promover la imagen de sus postulados. Se trata de maniobras que realizan los ejecutivos de la firma y algunos funcionarios del gobierno. La correlación contiene también ventajas para los políticos como la disminución de la posibilidad de que las fallas o faltas en las que pudieran incurrir (situación que se repite frecuentemente) en el ámbito de los cargos conferidos, sean ventiladas hacia el exterior social. De tal suerte que las decisiones, irregularidades y vicios por los que se paga mayor precio por parte de quienes los costean a través de pago de impuestos, continúan en la cuenta de los contribuyentes ad infinitum. Lo mismo sucede con las políticas hacia los sectores como salud, educación, seguridad, ecología y otros. Muchas veces quedan éstas a merced de la voluntad de grupos o asociaciones civiles que nada tienen en común con una valoración plural, diversa y democrática de la sociedad y ante lo cual los medios comprados hacen mutis o deliberadamente los apoyan.
No recuerdo otro momento en el que se haya tenido tal maridaje entre las empresas mediáticas y el gobierno como el que se vive ahora. Los une el discurso y los intereses donde incluso figura otro poder decisivo en México: el clero católico y los grupos ligados.
Considero que la protesta espectacular que hicieron algunos “comunicadores” en la cámara y a través de sus distintos espacios cuando se aprobó la reforma electoral no fue más que eso: un espectáculo. Los presidentes de las empresas no acudieron a los tribunales como en cambio sí lo hizo alguien a nombre del Consejo Coordinador Empresarial, evidentemente con la avidez que distingue a los buscadores de oportunidades ante panoramas indefinidos o en el umbral de los vacíos de poder.
La relación por tanto continúa tersa y colmada de mieles en efectivo para ambas instancias. Los spots oficiales son el pan de cada minuto del mexicano y sistemáticamente ha sido coartada la libre expresión y circulación de las ideas. Esto acusa graves fracturas en un régimen que adolece de legitimidad y a su vez incurre involuntariamente en más acciones para desacreditarse como lo es tratar de imponer una sola voz, un discurso unipolar, en lugar de propiciar arenas para la libre exposición del diálogo entre los distintos actores de nuestra múltiple y contradictoria sociedad.
De ahí que las comunidades parlantes electrónicas vayan a la alza y se desmasifiquen. Se forman campos de fuerza colectivos que aún sin tener el contacto entre si, de alguna forma impactan en la sociedad como lo vemos ahora quienes compartimos este y otros espacios virtuales.

Surgen asociaciones, más o menos numerosas, que se constituyen en retroalimentación del proceso de comunicación social, así como en entramado inicial de refuerzo de la sociedad civil: agrupaciones de radioyentes y telespectadores, asociaciones de usuarios de servicios bancarios, organizaciones de consumidores, uniones de pequeños accionistas…Estos públicos se forman con personas que dejan de ser anónimas, que de masa pasan a ejercer de , que han madurado en su cotidiana relación mediática. Maciá Juan, (2005) Rodríguez Miriam. (Compiladora)

La información como un bien social no desaparece con el consumo a diferencia de otros productos sino que se retroalimenta en ello. Quien recibe información la incrementa y la transmite a su vez imponiendo algo de su autoría y dando además la utilidad que le es conveniente. Se eleva el potencial de los flujos informativos dando lugar a caudales de opinión que circula por incontables redes y canales cada día más imbricados y complejos aunque no menos eficaces y veloces.
Somos parte de una creciente sociedad de la información, lo cual nos transforma de espectadores en actores, sin embargo, los acontecimientos y el clima social en sí, aunado a la tendencia de los medios a cerrar espacios críticos, nos obliga a pensar y llevar a cabo un nuevo pacto o contrato comunicacional donde la información y opinión pública sean los baluartes.

Información y opinión

La información genera reacción en forma de opinión. En la medida en que circulan datos relacionados con hechos donde se reflejan las dinámicas humanas, aumentan los flujos de opinión respecto de los mismos. Discursos y acciones por igual se traducen en lenguajes que los propios medios masivos crean para acoplarlos a sus segmentos y de ahí transmitirlos como textos imágenes o sonido, o todo a la vez. Y todo ello causa efectos porque las audiencias responden de acuerdo al marco cultural donde se incorporan o la formación individual que hayan obtenido. Pero nada de ello puede amplificarse sin los medios apropiados.
La circulación de mensajes a través de los medios electrónicos e impresos se da prácticamente sin restricción alguna en México. Trátese de lo que recibe el calificativo de “entretenimiento” o de lo que la mayoría de los medios masivos que tenemos consideran de carácter noticioso o informativo, los contenidos aparecen en los cuadrantes radiales o pantallas televisivas como si fuesen estos un retrato fiel del acontecer que nos envuelve y todo, bueno o malo, está incluido. Entonces ¿qué impide que nos enteremos objetivamente de las cosas que suceden? Bueno, la respuesta es muy simple; gran parte de lo que acontece no se vuelve mensaje mediático y por tanto pasa desapercibido para la mayoría de las personas.
Este razonamiento nos explica que estos medios de comunicación no se ocupan de todo aunque tenga trascendencia si no de aquello que no afecte sus intereses y en cambio les aporte beneficios como es proyectar una imagen de si mismos y de sus aliados como entidades que tienen y comparten valores y además los defienden porque así lo requiere y lo exige el “acuerdo social” del que forman parte.
La falta de medios de comunicación públicos realmente fortalecidos, entre otros factores, ha dado pie a un crecimiento desmedido de la industria mediática de índole privado. Esta circunstancia ha impedido que la sociedad cuente con espacios públicos de amplio espectro donde pueda generarse opinión del mismo carácter y de ahí un mayor poder ciudadano. Para suplir dichos espacios las empresas montaron su propio esquema de participación o “representatividad” social, en una suerte de democracia plástica con maquillajes y tintes de autenticidad. En base a estos modelos se adjudican el rol de árbitros de la vida política e institucional que marca las agendas de la nación además de erigirse como pontífices de la cultura política del pueblo. Por su parte el Estado ha sido complaciente y hasta copartícipe de esta práctica porque le ayuda a arropar la conducta de quienes trabajan dentro del aparato gubernamental. Se les representa en la pantalla o en los micrófonos como verdaderos servidores públicos que no tienen por qué ser indagados en su “vida privada”, así haya sido ésta modificada sustancialmente a partir de la ocupación de los cargos o sean señalados formalmente por comisión de delitos. La defensoría oficiosa mediática hacia quienes están dentro de las filas del sistema es inaudita en México. Aún que se les comprueben faltas graves el peso de los intereses que representan les exime y les aleja de la justicia. La impunidad tiene gruesas capas ante las que ni siquiera la incisión mediática causa mella. Los que se cobijan debajo están protegidos desde el poder o son parte del poder. La justicia acotada propicia medios acotados aunque rebosen de poder económico.
Un Estado subordinado o inmiscuido en los negocios de los poderes independientes o fácticos difícilmente permite el crecimiento de instancias democráticas y fácilmente sucumbe a la presión mediática que busca beneficios a costa de su ineptitud o franca corrupción. En esta dinámica nos hallamos hoy. La verdad no tiene expectativas en estas pantallas, micrófonos y prensa al servicio de capitalistas locales y otros de corte neoliberal que tienen los ojos puestos en las oportunidades que en teoría nos pertenecen como ciudadanía y donde la comunicación juega un papel fundamental.
De ahí se desprende una urgencia histórica para que la información precisa y honesta fluya y conecte a quienes la apliquen en beneficio de aquello que primordialmente ha de servir para recuperar y nutrir la dignidad humana.
La ley debería amparar la existencia de espacios libres mediáticos y no ser instrumento de quienes los limitan o erradican.
Los ciudadanos deberíamos multiplicar la solicitud para tener medios que permitan el flujo de la información como objeto reflector que permite modificar la realidad comunitaria donde estamos insertos.

domingo, 6 de enero de 2008

Ampolla y golpe bajo

El nombre de Carmen Aristegui acaba de ganar mayor fama gracias a la exitosa e involuntaria campaña en su favor emprendida por quien decidió sacar del aire su noticiero. Indudablemente hoy más mexicanos y extranjeros la conocen.
Seguramente hay quienes preparan, si no es que han hecho ya, ofertas para contar con el raiting de tan notable personaje que se ha distinguido por dar voz y por tanto visibilidad mediática a quienes encuentran denegado este acceso en los medios de comunicación que controlan el mercado y gran parte de la política. A menos que cierren filas, lo cual es difícil entre competidores aunque no imposible, los empresarios del gremio no lograrán impedir que Aristegui continúe con su labor informativa en su estilo objetivo y ético.
Algo va a suceder que rebase el control de daños que tal vez tienen previsto sus justificados por “incompatibilidad editorial” ex - jefes.
Las voces que se manifiestan en el país en contra de esta decisión van en aumento y en los próximos días muy probablemente veremos multiplicar las expresiones lanzadas desde la sociedad a los magnates que dirigen tal empresa que se negó a renovar el contrato que nos permitía su programa de informaciones y reflexiones sobre temas de relevancia para la sociedad, en un contexto de apertura y pluralidad.
Esto va a dar pie quizá a que estos reclamos conformen vías alternativas por donde llevar a cabo la labor fundamental que realiza Carmen Aristegui para beneficiar a la democracia. Pudieran surgir “programas” al aire libre, foros, giras con visitas a universidades y no faltarán quienes se presten a distribuir los contenidos. Además ya se cuenta con suficientes recursos tecnológicos como para reproducir sus excelentes programas y generar a su vez redes de información por canales ciudadanos, donde desde luego se incluye la Internet y sus posibilidades en la gama multimedia. El mismo Mandoki pudiera crear otra obra cinematográfica de la calidad de “El Fraude”, pero en esta ocasión dedicada a lo que padecen los periodistas mexicanos que investigan y divulgan sobre lo que daña a su país.
A esta profesional de la comunicación no tan sólo se le ve y se le escucha con interés, si no que también se le aprecia. Indudablemente se tiene hacia ella un afecto y confianza infinitamente superior que el que pudiera sentirse por quienes son incomodados por su trabajo. Cuenta con mucho más que el respaldo moral de la gente que prefiere que se le diga la verdad sin tapujos en lugar de admitir y creerse lo que las industrias culturales fabrican para mantener el letargo de sus audiencias o públicos y que lamentablemente dominan este terreno en México.
Independientemente de su enorme capacidad y de la gran aceptación que sin duda le abrirá muchas puertas, lo que ha sucedido con esta extraña y abrupta salida sugiere algo más grave aún que el despido de una notable: se trata de una vuelta de tuerca más de un aparato construido para ejercer el control social en nuestro país desde las cúpulas de las trasnacionales en contubernio con algunos burócratas, políticos y otros actores identificados con círculos como las cámaras industriales y el clero.
Quitar estorbos por medio de la fuerza es una forma burda de hacerse del poder o mantenerlo, sin embargo “ni la fuerza superior ni la fuerza aplastante fueron nunca suficientes para implantar una dominación duradera. Los poderosos han necesitado ganar siempre una cierta legitimidad para las ventajas y los privilegios que vienen siempre con la dominación”. Inmanuel Walerstein (2006).
En la decisión que pudiera dadas las circunstancias considerarse como de Estado, está en juego la práctica del periodismo serio que se ejerce como actividad enfocada a dar luz sobre los asuntos de interés público, primordialmente. También se pone en vilo la credibilidad que escasea hacia las instituciones al ser éstas utilizadas en beneficio de intereses meramente económicos de unas cuantas elites.
Y ya que entramos en el terreno de la credibilidad pues ésta también sufre merma ante la opinión mundial respecto de quienes controlan y dirigen, aunque no se sepa hacia donde, la nación.
La desgastada imagen de México sufre otra ampolla en pleno rostro y un golpe bajo a sus valores democráticos labrados que no por incipientes pueden considerarse de menor importancia.
Nuevamente nos encontramos ante nosotros mismos y ante el mundo en medio de otro escandaloso asunto que se volverá seguramente como bola de nieve.
Se nos retrasa otra vez el reloj de la democracia porque la clausura o salida del aire de un espacio donde la verdad sobre los acontecimientos tiene preponderancia, significa que agazapada o abiertamente hay quienes pretenden volver a los regímenes brutalmente asilenciados.
Vivimos en este inicio de 2008 un hecho más eslabonado en una cínica y vergonzosa sucesión de peligros para México.