Circo, maroma y Pemex

Hace varias décadas la nación era propietaria de cientos de empresas en la mayoría de los sectores, además del energético que todavía conserva en parte. Pertenecían al Estado y por ende a los ciudadanos un gran número de entidades productivas que operaban en casi todas las ramas que van desde la banca y productos financieros, explotación minera, forestal, industria de la transformación, transporte, comunicaciones, almacenamiento, turismo, agro, hasta industrias culturales y de servicios.
La razón de ser de esta política fue, entre otras, garantizar, impulsar y fortalecer la planta productiva nacional con la multiplicación de empresas gubernamentales y privadas, así como lograr mayor equilibrio de la balanza de pagos con aumento de las exportaciones, entre otros soportes de la economía , sin embargo, la estatización se volvió un problema debido a que las empresas privadas quedaban en desventaja frente a la prácticamente inagotable solvencia, entre otras facilidades, que tuvieron las empresas propiamente oficiales o paraestatales. Ese fue siempre uno de los argumentos con los que la iniciativa privada exigía al gobierno deshacerse de dichas empresas; a los empresarios les parecía una competencia desleal la proliferación de tales organizaciones y la administración de las mismas una función ajena al perfil del Estado.
Estos activos públicos operaban por lo regular en base a planes sexenales que involucraban a miles de funcionarios o burócratas que a toda costa procuraban obtener buenos ingresos, además de aquello que les permitiera acomodarse holgadamente en las clases altas. A base de relaciones, algo de suerte, intuición o lo que llaman “olfato político”, les era posible escalar los peldaños del siempre movedizo y brioso ascenso hasta los puestos directivos de las paraestatales. Lo común, era aprovechar la ventaja del puesto que podía durar seis o más años, para concretar alianzas que significaban oportunidades y el aseguramiento de una carrera política, con negocios incluidos, dependiendo del grado de ética, convicciones, principios o habilidades de quienes se veían favorecidos con tan codiciados empleos.
Los cargos de importancia en las paraestatales daban la posibilidad de hacer enormes negocios tales como contrataciones o compras, con su respectiva participación, que no pocas veces resultaron en escándalos que hicieron pisar la cárcel a más de algún funcionario.
Además fungían como agencias de colocación para surtir de empleos como pago de favores o simplemente para acallar líderes de grupos disidentes que eran sistemáticamente comprados con puestos, comisiones o aviadurías. No solamente se veían favorecidos quienes estaban en la nómina si no que la derrama alcanzaba a instancias externas como subcontratistas y arrendatarios, entre otros proveedores del sector privado. Como parte del sistema fueron una pieza decisiva para nutrir procesos electorales al favorecer candidatos o grupos ligados al PRI, con pagos en efectivo o en especie.
La mayoría de dichas empresas operaba con números rojos por múltiples razones que van del total desinterés o incapacidad de quienes las manejaban, hasta el constante saqueo y despilfarro con que operaban. Por si fuera poco, fertilizaron el campo para que aparecieran y financiaron sindicatos más especializados en encumbrar gente para insertarla en el sistema en busca de los privilegios que ofrece el poder, que en mejorar las condiciones laborales de los agremiados.
Por todo lo que llevaban a cuestas y el impacto contraproducente que tenían en la sociedad, las paraestatales se convirtieron en una carga para el Estado más que un beneficio, aunado a ello, el cambio de las dinámicas globales en materia de mercados, entre otros factores como el aumento del poder de las trasnacionales, fueron detonantes para que fueran soltadas y absorbidas por los grandes consorcios y por los sujetos y/o grupos favorecidos por la cercanía que guardan con las cúpulas políticas.
Con todos sus claroscuros estos organismos formaron parte del desarrollo que mantuvo el país y de alguna manera fungieron como soporte de actividades estratégicas como la siembra y distribución de maíz, la operación de los ingenios azucareros, la extracción minera, almacén y distribución de alimentos, transportación aérea, terrestre, marítima, sector agrícola, pesca y por supuesto el sector energético.
Gracias a dos de estas empresas (Ferrocarriles Nacionales de México y Ferrocarril del Pacífico) los mexicanos teníamos la posibilidad de viajar en tren como lo hacen la mayoría de ciudadanos en el mundo. Este importantísimo medio de transporte fue privatizado con argumentos que nada tienen que ver con lo que finalmente sucedió y tenemos. No tan sólo ya no contamos con este servicio que en otras latitudes es indispensable, si no que las instalaciones han sido bardeadas, literalmente bloqueadas por sus nuevos dueños estadounidenses en una forma que pareciera marcar un territorio ajeno al país. El desplazamiento sobre rieles desde el norte es posible para cualquier caso de invasión. Cabe preguntar a quién sirvió la privatización de los trenes e infraestructura ferroviaria y la misma interrogante pudiéramos aplicar para indagar sobre los beneficiarios de otras ventas y hasta remates que llevan a cabo los gobernantes apoyados por las cámaras legislativas también a las órdenes de los organismos internacionales y de las familias involucradas y beneficiarias de las transacciones que tienen lugar al amparo de la ilegalidad que no de la ley como esperaríamos que fuera.
Antes de pensar en que PEMEX reciba capitales privados para participar como accionistas en exploración, perforación, explotación, petroquímica y otras actividades relacionadas, es elemental observar resultados de los traslados, los múltiples desplazamientos de bienes públicos al sector privado que han emprendido los gobernantes. Medir las consecuencias a futuro y evaluar resultados debería ser el punto de partida y no la urgencia de las trasnacionales y políticos contratados por ellas.
La falta de maquinaria es un pretexto que no encaja totalmente en la realidad. Son primordialmente intereses de apropiación particular en oposición a la vocación nacionalista y pública de la empresa petrolera mexicana, los que ordenan al grupo gobernante a que endose el sector energético a su favor. Detrás de la presión se menciona a Bush como uno de los principales interesados en el petróleo mexicano y a las compañías españolas del sector energético que pretenden introducirse en el mercado estadounidense desde nuestro país.
Petróleos Mexicanos no ha sido diferente en su lógica al resto de las paraestatales que le acompañaron durante buena parte de la historia moderna de nuestro país. No sabemos a ciencia cierta qué sucede con los recursos que genera y se nos hacen costosos los productos derivados como la gasolina. Esto se reconoce debido a la falta de desarrollo de la industria petroquímica y la dependencia tecnológica en todos los campos involucrados, aunado todo ello a directrices deficientes. Las finanzas de la empresa constantemente son sacudidas por malos manejos y al mismo tiempo es el mayor fondo por vía tributaria del que dispone el Estado para el gasto social. En manos externas de cualquier índole estaría en temerario juego precisamente el sostén del país.
La congruencia apunta del lado de una depuración y modernización total de la principal fuente de ingresos que se tiene, sin poner en riesgo un ápice de su pertenencia a la sociedad mexicana. Mejorar todos los renglones inherentes al petróleo durante el tiempo en que se mantenga la posibilidad de extraerlo, de acuerdo a las reservas y nuevos descubrimientos, es una asignatura importante. Además ésta riqueza debería servir para impulsar el desarrollo de fuentes alternas de energía como la solar, eólica, biótica, entre otras.
En síntesis, las privatizaciones en México, además de ser propiciadas bajo presión externa de los organismos financieros internacionales, han servido para enriquecer a ciertas elites que tienen acceso a los más elevados niveles de poder. Han contribuido al empobrecimiento y atraso en los diferentes sectores más que a una mejora en la calidad de vida de la mayoría. No ha cambiado la situación de la población con el traspaso de las carreteras o los transportes. De nada públicamente valioso ha servido la telefonía en manos de un magnate y vemos el trato de su empresa hacia los usuarios que es igual o peor que el que se tuvo antes, además las tarifas y cobros se ejercen sin control alguno. Telmex es uno de los monopolios más poderosos, caros e ilícitos del mundo. Los aeropuertos son ineficientes y costosos al igual que las carreteras de peaje y no se diga el gas cuyo precio se ha disparado a partir de su entrega a los concesionarios.
El curso de la privatización del sector energético tan negado por las autoridades, está en marcha, por lo que es importante la suma de esfuerzos y voluntades en defensa del factor más importante que tenemos para sostener económicamente el país.
Aún con toda su inoperancia, el envejecimiento y obsolescencia de su infraestructura y retraso tecnológico, pese a la sangría interminable de que es objeto, PEMEX es la instancia que hasta el día de hoy costea la mayor parte del gasto público de México. Privarnos de ella o sus partes es restar presupuesto a partidas o erogaciones básicas para la población de menos recursos, significa disminuir fuerza para hacer frente a los requerimientos y problemas sociales en todos los renglones y todavía no encuentro la lógica mediante la cual en base a venderla se pueda hacer más mexicana. De acuerdo a esta racionalidad que utiliza Calderón para enfocar y resumir los hechos, así sucederá con las inversiones privadas en la compañía petrolera y en todo el sector, es decir, será más nacional, más nuestro en la medida en que lo configuren bajo las leyes privatizadoras del mercado global. ¿Será? Yo pienso que no. Por el contrario, las tensiones aumentarán con las dificultades que implica centrar la atención en la transformación neoliberal en lugar de atender las prioridades y generar verdaderas políticas sociales que es lo más apremiante. Todos los males parten del desequilibrio mayúsculo que refleja la sociedad y de la insistencia de los grupos hegemónicos en permanecer en el mismo rumbo que solamente ha sido una especie de fábrica de magnates a costa del padecimiento de millones que ya no ven la manera, no saben verdaderamente qué hacer para sobrevivir.
No tan sólo la pobreza y su tendencia a agudizarse son consecuencias de la forma en que la gente de poder pretende tener más, si no que también los recursos se deterioran a la velocidad en que la ambición transforma los espacios naturales y literalmente borra el paisaje con todo y la vida que conlleva. Bosques, cuencas, acuíferos subterráneos, playas, selvas y demás fuentes de vida, son acosadas diariamente por máquinas, explosivos, derrames tóxicos y demás ingredientes de la agresión del capital sin fronteras. Es la factura del progreso dicen sonrientes los promotores de estos “cambios” que llaman reformas.
Si el país está en manos de gente lesiva, antidemocrática e indiferente al sentido patriótico, los que no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados somos los ciudadanos que deseamos ordenar las cosas de una manera democrática en la amplitud del concepto.
Es necesaria toda protesta viable para alcanzar el objetivo que es impedir más abusos y sobretodo este que sería la derrota final del pueblo para condenarlo al sometimiento incondicional de los intereses de grupos cuya ética les confunde con los cárteles que azuelan a las naciones.
La división entre lo público y lo privado, el derecho de ambas riveras, es materia de un análisis riguroso que nos permita esclarecer nuevamente cuál es la razón, el objeto capital que guardan los bienes públicos y la importancia de su permanencia y fortalecimiento para la sociedad en el contexto global del desarrollo de la economía dominante. Privatizar algunas empresas e incluso sectores completos puede reforzar económicamente al país al crearse polos de inversión, producción y circulación de productos o servicios altamente competitivos, sin embargo, los beneficios amplios derivados de tales dinámicas no se han demostrado, este escenario no se ha presentado en nuestro país. No es más fuerte la economía que hace veinte años. El no crecer nos mantiene enfrascados en una vorágine de endeudamientos y expectativas incumplidas que se tratan muchas veces de ocultar con cuentas alegres y discursos de fanfarronería propios de un acto circense donde un bufón enfrenta a las fieras.
Ni los millones de spots que inundan las frecuencias de radio y televisión, ni tampoco los kilómetros de líneas que escriben diariamente los que tienen la consigna de tratar de motivar la confianza de los lectores o audiencias con sus loas a lo que hacen o dicen los gobernantes, pueden ya negarnos la verdad: Los bienes públicos más valiosos del país han sufrido una subasta y van por más los martilleros.
No se qué es lo que pueda parar la fiesta. La gente ya se cansó de ver la misma función y estos cirqueros no descansan a los enanos ni a los payasos, junto con sus animales.
Afuera, miles continúan en sus maromas para sobrevivir el día, adentro, los trapecistas vuelan de puesto en puesto sobre la red del erario público.
Nosotros, adentro y afuera, permanecemos en tensión, por momentos pasmados y de pronto hasta cerramos los ojos, pero no nos perdemos el espectáculo.