Libertad de expresión ¿para quién?

Abstract


El presente artículo plantea algunas reflexiones acerca de la violencia ejercida en contra de periodistas en México, a partir de algunas conclusiones que anticiparon los representantes de una comisión internacional que investiga casos de ataques a periodistas y que recientemente visitó nuestro país.
La presencia de los comisionados tiene lugar días después del asesinato de dos comunicadoras pertenecientes a una estación de radio de las comunidades de Oaxaca, mientras se dirigían a un congreso local.
Éste y otros ataques contra comunicadores sitúan a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, de acuerdo a dicho informe.
En 2007, la CNDH abrió ochenta y cuatro expedientes que contienen quejas de agravios en contra de periodistas. Los documentos incluyen testimonios de acoso por medio de expedientes fiscales, amenazas, lesiones, desaparición forzosa y homicidio.
Los comisionados en una rueda de prensa señalaron al crimen organizado como responsable de la mayoría de casos, pero también hablaron de otros factores como la corrupción y la omisión, por falta de voluntad política del Estado para atender este tipo de delitos.
No escapó de la atención y de la crítica de los organismos internacionales representados, entre ellos la UNESCO, la alta concentración de medios “en unas cuantas manos”, lo cual “atenta contra la pluralidad y la libre expresión”.
La desinformación todavía representa un serio obstáculo para la democracia en nuestro país.
La parte complementaria del texto contiene una mirada a los estudios sobre periodismo, basada principalmente en un extraordinario análisis de la sociología de los periodistas realizado por el sociólogo Francés Eric Maigret. El texto resume información sobre los estudios realizados a partir del news making de principio de la década de los sesenta del siglo xx. Desde la teoría funcionalista hasta los cultural studies de Stuart Hall.
En esta síntesis se destacan las rutinas de las agencias mediáticas, entre otras causales de tipo personal que intervienen en la fabricación de las noticias.
No existe hasta la fecha, de acuerdo con este autor, un modelo coherente para hacer estudios sobre el entorno y lo que hacen los periodistas, tanto en los aspectos rutinarios como ante las variables circunstanciales con las que se enfrentan.




Es importante hablar de quienes han padecido agresiones debido a que practican un periodismo que rebasa, no se ajusta o desborda, lo que algunos grupos o actores sociales están conformes con que se divulgue.
La libertad de expresión se encuentra bajo amenaza en México. Esta circunstancia, por demás inconveniente y hasta penosa, se confirma con un informe que dará a conocer La Misión Internacional sobre Agresiones contra Periodistas, cuyos representantes estuvieron en nuestro país del 20 al 25 de abril y visitaron, además de la capital, los estados de Oaxaca, Michoacán, Sonora y Guerrero.
Después de revisar expedientes y entrevistarse con las familias de las víctimas, los comisionados de los organismos internacionales concluyeron que México es el país que representa más peligro en América Latina para ejercer el periodismo. Coinciden en que, el crimen organizado, la corrupción, la falta de voluntad política y la omisión del Estado para dar la debida atención a estos delitos, son los “principales obstáculos” para brindar seguridad a los comunicadores.
La delegación representó a organizaciones como: la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Article 19, International Media Support, Reporteros Sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras seis agrupaciones más.
El momento de crispación social que atravesamos nos da pauta para reflexionar acerca de cuestiones que son clave para la estabilidad, como por ejemplo el Estado de Derecho, que existe no más allá del discurso, según acontecimientos como las represiones en Atenco y los estados de Oaxaca o Chiapas, al igual que las incursiones del ejército en las comunidades, sobre todo las más apartadas de la geografía nacional, donde se cometen abusos en total impunidad. A esta lista se añaden los excesos contra los derechos humanos que frecuentemente tienen lugar en los retenes que instala el ejército en las carreteras o caminos y que han cobrado la vida de quienes tuvieron el infortunio de encontrarlos en un momento equivocado, porque no se escuchan o se ven las señales de “alto” que hace un soldado con una linterna, casi sin baterías, a media noche. Como si estuviéramos en una guerra. Cabe mencionar las golpizas que propinan los policías a los detenidos por el delito de “portación de cara”; los allanamientos y detenciones arbitrarias que son parte de la vida cotidiana de un número ignorado de ciudadanos.
Durante los gobiernos federales del Partido Acción Nacional, es decir, los últimos ocho años; veinticuatro trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados; ocho han desaparecido y decenas más fueron víctimas de agresiones o amenazas por razones que tienen que ver con su actividad.
No todo llega a tener cobertura mediática. Pasan desapercibidos para la opinión pública la mayoría de los casos donde se atenta contra los derechos de personas en general y periodistas en particular. Las agresiones a medios de comunicación son tan antiguas en México, como la propia historia de los medios. Al igual que en otros países, la prensa siempre ha tenido enemigos. Tanto los periodistas como las instalaciones de los medios de comunicación independientes, no se hayan exentos de sufrir atentados. El caso más reciente contra alguna instalación, fue el asalto que hizo un comando armado hace aproximadamente cuatro años en el Estado de México -caso conocido como el “Chiquihuitazo”- perpetrado durante el período foxista por mandato de los dueños de Tv Azteca, con la finalidad de quedarse con la señal del Canal 40. Fue suprimida así la línea de periodismo objetivo con la que esta televisora mantuvo su audiencia.
No menos agresiva contra la libertad de expresión fue la famosa “Ley Televisa” que pretendió entregar el foxismo a los concesionarios por medio de un decreto.
Entre las razones que enturbian el de por sí sombrío panorama periodístico, encontramos a las televisoras y redes de radiodifusoras que monopolizan las concesiones de la llamada señal abierta; tratan éstas de vender una realidad que solamente existe en sus pantallas o transmisiones a lo cual llaman “entretenimiento” o “cobertura noticiosa”. Fabrican noticias donde favorecen a los grupos con los que mantienen alianzas, conformando una coalición sui géneris, entre los medios de comunicación; el gobierno en turno; cierta élite de empresarios, la mayoría de ellos ligados al clero y la propia institución eclesiástica, cuyo protagonismo destaca de manera notable y hasta con ostentación de poder en la vida política de nuestros días.
María Salazar, del Comité para Protección de Periodistas; Darío Ramírez, de Article 19; Manuel Méndez, de la Federación Internacional de Periodistas; Jesper Hoberg, de International Media Support, y Andrew Raldof, de la Unesco, afirmaron que “la concentración de medios en unas cuantas manos, como sucede en México, atenta contra la libertad de expresión y la pluralidad. Además, observaron que existe una “arbitraria distribución” de la publicidad oficial, la cual se utiliza como premio “para los bien portados” o como castigo contra los que critican. 1
No resulta estimulante para un periodista o comunicador, desarrollar su carrera en un país que limita la libertad de expresión, principalmente con el control de las señales concesionadas a empresas con las cuales el gobierno mantiene relaciones de interés económico y político. En estos lugares se ejerce cierto modelo de periodismo cómodo a las élites, donde los inconformes, los disidentes o auto excluidos del discurso dominante, son invisibles, aunque ahora hayan puesto de moda exhibirlos como antisociales.
Nos deben interesar, sobre todo, quienes por alguna razón que puede ser algo muy personal, dedican tiempo y talento a esclarecer hechos que son de interés público y que alguien procura ocultar, que pasen desapercibidos. Burlan los cercos informativos, con la finalidad de hacer que se conozca lo acontecido u otra versión de lo acontecido. Por ello muchas veces se les agrede.
La agudización del fenómeno obedece, más que a otras causas, a la impunidad con la que las mafias maniobran en el país, al igual que la pérdida del control que de alguna manera tenía el Estado sobre dichos grupos que se han multiplicado, lo mismo que su poder. Ahora no tan sólo le perdieron el respeto, si no inclusive lo desafían. Pero existen otras razones que veremos enseguida.
Acerca de las tramas criminales aún hay mucho que desentrañar en nuestra sociedad subdesarrollada y dependiente del exterior en lo fundamental. Los gobiernos han dado continuidad a las políticas neoliberales, el llamado “nuevo orden mundial”, para estimular un frenético intercambio global, donde la participación de las redes internacionales del crimen organizado no queda exenta.
Cada vez con mayor sofisticación, el hampa y los grupos violentos, cobran terreno en los diferentes ámbitos sociales. Fuerzas invisibles que solamente otras similares pueden enfrentar, además de las que el Estado instruye para combatirlas, si es que no han sido de alguna forma vulneradas por los agentes enemigos, como vemos que sucede.
El crimen organizado ha infiltrado su dinero a los núcleos financieros, corrompiendo además las instituciones que sirven para salvaguardar la seguridad y los intereses de la nación.
Este panorama es muy favorable para la violencia en su amplia gama de modalidades. De ahí han surgido los golpes que cobraron la vida a periodistas: principalmente de las sociedades criminales, pero también debido a la justificada y cada día más generalizada inconformidad social, que involuntariamente incita a que alguien actúe en contra de los líderes o simpatizantes de los movimientos reivindicativos, al igual que de los comunicadores que objetivan en sus notas o transmisiones, el discurso, la ideología, propuestas o razones, de los grupos que se manifiestan contestatarios ante el poder. Contra ellos es muchas veces utilizada la fuerza bruta e irracional, por parte de quienes sienten que las medidas democráticas amenazan sus intereses.
Esta situación tiende a agravarse sin que aparezca algo que realmente clarifique cuál es la postura oficial ante los atentados perpetrados contra periodistas, principalmente los que se desenvuelven en medios no alineados. El régimen no ha emitido políticas públicas que obren a favor y garanticen, la permanencia de las voces o formatos críticos al sistema o de aquellos que corren el riesgo de indagar en los subterráneos donde operan los brazos armados y los no armados, del hampa.
El llamado Pacto de Chapultepec, que firmó Calderón como presidente electo, no ha significado algo para evitar o siquiera disminuir la incidencia de daños, tanto morales como físicos, que padecen los periodistas por desarrollar su actividad. No bastan las firmas sobre documentos y discursos, para frenar los delitos del crimen organizado. El origen de los mismos es un asunto de fondo que rebasa el afán de legitimidad y promoción de imagen que realizan los políticos. Para combatirlos se requiere algo semejante a una acción concertada y decisiva de todas las fuerzas de la sociedad; el mayor consenso posible para ejercer una medida determinante y definitiva. Sueño que se aleja de lo alcanzable en la medida en las políticas del gobierno son subordinadas a lo que dicta el mercado internacional.
La CNDH abrió en 2007 ochenta y cuatro expedientes de quejas por agravios a periodistas. Los ataques van desde el acoso por medio de expedientes fiscales, hasta amenazas, lesiones, desaparición forzosa y homicidio.
Un año antes, en 2006, la Organización Reporteros sin Fronteras destacó los casos de México, Colombia y Cuba, como los países más peligrosos por diversas razones, siendo en el caso de México las organizaciones criminales el mayor factor de riesgo para el periodismo.

El crimen organizado presenta dos funciones en el nuevo orden mundial llamado neoliberalismo: 1) la función de autodefensa del sistema capitalista en su forma de narcotráfico, genera y concentra plusvalía con la producción y consumo de drogas a escala mundial, y a favor del gran capital financiero (lo controla y centraliza). Su combate, reactiva el mercado internacional productor de armas e infraestructura contra el crimen (ganancias para aquellas corporaciones como el pentágono); 2) Presenta la expresión viva de auto degeneración y profunda contradicción entre el sistema jurídico, el sistema económico, el sistema político y las clases sociales en disputa. Expresión dinámica de la crisis en las cuales el crimen organizado tiene un lugar clave en la redistribución violenta ilegítima e ilegal de riqueza, para el caso de tráfico de autos robados, tráfico de migrantes, secuestro, etcétera. Así mismo, las organizaciones criminales generan corrupción en el aparato gubernamental de los estados nacionales; históricas formas de desintegración del estado nacional, al lado de la especulación financiera internacional. 2

Estas observaciones nos dan las pistas que son la clave para entender la vinculación de las rutinas de las mafias con las que mantienen los poderes; el lugar que ocupa su influencia económica en el medio social, vulnerado y a la vez beneficiado por ellas como parte del sistema que por otro lado, supuestamente, las trata de erradicar. ¿Qué pueden hacer los periodistas para estar seguros?
Prácticamente no existe una entidad del país a salvo de amenazas o donde no se padezca la acometida de quienes sienten que se revela periodísticamente algo que les involucra, por lo que utilizan la violencia para acallar la verdad. Censuran por su cuenta la crítica mediática o denuncias sobre sus actividades.
Esta situación se ha desenvuelto en un ambiente de impunidad propicia por la falta de capacidad de las autoridades para regir el Estado. El régimen ha tenido dificultades para adaptarse y dar manejo a las circunstancias, situación que aprovechan los poderes fácticos para penetrar en las capas y círculos considerados herméticos o estratégicos y con ello incrementan su poder.
Sin embargo, no todos los crímenes provienen de estas mafias o agrupamientos criminales, si no que la inestabilidad social agudizada sobre todo en zonas marginadas o densamente pobladas, marca sus propias pautas de tensiones y conflictos derivados de las desigualdades ancestrales; los añejos problemas generados durante las vicisitudes históricas por las que ha transitado la sociedad.
Persisten las luchas por la posesión de la tierra, los espacios urbanos o el acceso a recursos como el agua. Así mismo, el cambio de paradigma económico agudiza la presión sobre toda clase de bienes naturales explotables, de donde se desprenden conflictos que por lo regular terminan a favor de los dominantes.
El pasado siete de abril fueron emboscadas y asesinadas las periodistas Felícitas Martínez Sánches y Teresa Bautista Merino, locutoras de la radio trique “La voz que rompe el silencio”. Las comunicadoras se dirigían a cubrir el Encuentro Estatal por la Defensa de los Pueblos de Oaxaca, en la capital del estado.
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Koichiro Matsuura, expresó su “más firme repulsa por los asesinatos perpetrados”. “Matar periodistas es un crimen odioso que causa un grave perjuicio a la sociedad, pues socava el derecho democrático de los ciudadanos a debatir cuestiones de interés común disponiendo de información suficiente y adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa”. 3
Acerca de este crimen, que nos exhibe una vez más ante la opinión pública mundial como nación que abriga desigualdades que a su vez generan violencia bajo contextos de impunidad, el municipio autónomo de San Juan Copala, autoridades de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos indígenas, así como la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, responsabilizaron a “una banda de pistoleros ligada al Partido Unidad Popular (de registro local)”. Exigieron además una investigación exhaustiva e imparcial, así como aplicar la ley contra los responsables, tanto los autores materiales como intelectuales. A su vez demandaron la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República y de la visitaduría que investiga los atentados contra comunicadores por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Red de Radios Comunitarias de Oaxaca incluye 16 estaciones diseminadas en Oaxaca y el sur de Veracruz. Dicha organización de comunicadores ha sufrido un golpe que consideran como una afrenta terrible que “contraviene los principios de libertad de expresión y acceso a los medios de comunicación indígenas reconocidos en nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la recientemente publicada Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La organización expuso mediante un mensaje textual que el ataque a un comunicador es también contra la sociedad en general, pero además constituye una afrenta contra un pueblo indígena y su historia. Es algo que va en contra de sus tradiciones, de su lengua y costumbres. Se trata sin duda de un acto discriminatorio y cruel que evidencia la intolerancia de ciertos grupos de poder hacia la autodeterminación que practican las etnias.
Un caso más sobre el que las autoridades federales debieran dar respuestas. Un mensaje que nos advierte del grado de descomposición que se vive y que repercute sobre todo en sectores menos favorecidos social y económicamente. Las comunidades de Oaxaca viven en constante conflicto entre sí, prolongando una lucha por el poder local, pero también por la defensa de sus recursos y cultura ancestral ante el embate del capital que, desde hace siglos, codicia las riquezas y ubicación estratégica del Istmo de Tehuantepec como paso internacional.
Las razones son sobretodo de carácter económico y también del orden geopolítico, en tanto facilidades de acceso a recursos estratégicos como minerales y yacimientos de hidrocarburos, al igual que la explotación de zonas turísticas. Por cierto que tal riqueza étnica ha sido revaluada por el neoliberalismo bajo los parámetros del libre mercado.
En esta zona también es importante para el capital hacerse del control de flujos humanos y de otros productos como petróleo o las drogas que provienen del sur del continente. Desde Oaxaca, seguramente los periodistas libres o más comprometidos con la comunicación social, seguirán reportando sobre los acontecimientos, aunque los cercos dificultan cada vez más el flujo de información sobre los mismos, en favor de la visión que construyen los medios masivos aliados al régimen y al sistema.
No obstante, a través de los medios alternativos, Internet o las fuentes primarias, circula información que es útil para que la gente se entere de otra manera sobre lo que sucede.
La libertad de expresión es un tema sumamente y a la vez insuficientemente debatido que no se agota en la posibilidad de manifestar libremente nuestros puntos de vista.
Es, ante todo, la expectativa de ejercer un derecho ciudadano que debiera estar por encima de los medios de comunicación que lo reducen a un montaje controlado bajo la forma de “consulta pública” o “información imparcial”.

Bibliografía:

LOZANO Meraz Cecilia. (2001) 2 “El crimen organizado del robo de automotores. El Derecho como su coartada” Angel Editor. México, DF. P. 65
OLIVARES Alonso. La Jornada (26-04-08) 1, 3, 4.