Requiem por un narcoestado convulso

Desde los primeros minutos del día 25 de noviembre de 2011, la noticia que dieron los medios de comunicación puso a todo mundo a comentar de lo acaecido en una zona residencial ubicada en el sur poniente de la ciudad de Guadalajara.

En el lugar donde confluyen dos importante ejes viales, justo a unos metros de los Arcos del Milenio (Avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, en la colonia Jardines del Bosque) fueron abandonados tres vehículos repletos de cuerpos. Veintiséis individuos masculinos amordazados y acribillados, como parte de una realidad que se ha vuelto cotidiana, al punto en que ya forma parte de lo habitual. Asombra el no asombro que cubre el ensimismamiento de la gente que lo platica en el café, o con los compañeros de la oficina, porque ya son cinco años de lo mismo: un régimen que decidió utilizar las fuerzas armadas para perseguir bandas de criminales que tienen el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, como sus principales actividades, entre otras más, que golpean prácticamente todos los sectores de la sociedad. Sus ilícitos y atrocidades van del tráfico de órganos, al robo de automóviles y la trata de blancas, entre otras. Sin embargo, la captura de algunos cabecillas de dichos cárteles o grupos, al igual que las constantes detenciones en serie, junto con los abatimientos de sicarios bajo el fuego de las fuerzas que el Estado dispone con ese fin, no merman la capacidad reproductiva de los focos delincuenciales. Por el contrario, éstos proliferan y llevan a cabo montajes sangrientos en cualquier parte del país. Y lo peor: muchos de estos delitos se basan en el apoyo que les venden quienes operan para estas organizaciones desde las propias instituciones.

En los imaginarios que tenían eco en los medios de comunicación, cuando el fenómeno de la violencia asociada a las bandas delincuenciales trascendía a la vida nacional en los primeros planos de la agenda setting, la capital de Jalisco se consideraba como territorio pactado con la finalidad de que los familiares de los principales capos hicieran “vida en sociedad”, por lo que sus hijos asistían y asisten a las universidades privadas y se codean con sus pares, generalmente de familias prominentes y frecuentan los lugares de moda donde se divierten los jóvenes. Sin embargo, varios acontecimientos de los años recientes echan por debajo tales argumentos. Hace aproximadamente una década tuvo lugar la explosión de una bomba a las afueras del hotel Camino Real, donde se llevaba a cabo una fiesta de una de estas familias. Salieron a relucir nombres, tanto de personas identificadas con estas actividades, como los hermanos Amescua, al igual que funcionarios del gobierno estatal y jefes policiacos. La marea de sangre siguió creciendo, hasta llegar el período Calderón, donde las cosas se salieron de toda proporción y explicación, a menos que busquemos otra clase de pistas en distinto lugar.

Más allá de hacer conjeturas sobre las razones que motivan a quienes llevan a cabo la depravada y siniestra encomienda de atormentar seres humanos, hasta privarlos de la existencia, en las formas más crueles posibles, quizá contribuya, al menos para una comprensión de lo que sucede en los trasfondos de tan fatal fenómeno social, tomar en consideración algunos datos de la realidad que pueden explicar algo que parece tan absurdo y fuera de todo parámetro de raciocinio. Sin embargo, como señalan algunos expertos en el tema, la racionalidad del crimen organizado tiene de todo menos de absurdo; sus objetivos son claros, específicos, se toman las cosas demasiado en serio y actúan con un orden pasmoso. En eso estriba el verdadero peligro. Pero en todo esto hay algo más que no nos es permitido ver en los entretelones de los escenarios más o menos conocidos, donde se cierra el círculo de narcotráfico, una vez que se engarzan los eslabones del negocio; desde la producción de estupefacientes en los parajes boscosos, hasta los laboratorios y el narcomenudeo de las ciudades: lo que al parecer es una despiadada guerra entre grupos que constantemente reemplazan sus cuadros o se dividen en otras células, tiene más visos de una guerra de baja intensidad, con propósitos de exterminio sistemático y aleatorio en núcleos específicos que han sido ubicados y observados. Verdaderos reservorios delincuenciales que surten las filas de los llamados cárteles, incluso con sujetos menores de edad, casi adolescentes.

De acuerdo con esta lógica el Estado mexicano estaría asido a una medida impuesta desde algunos lobbies, como lo es el despacho de Hilari Clinton, entre otros círculos cercanos a Wawshington y el Pentágono. El Plan Mérida lo corrobora.

La sociedad, el sistema está agudamente descompuesto, existe un derrumbe institucional que nos lleva a la parálisis y la ingobernabilidad, bajo la amenaza de ejércitos de asesinos que se autodefinen con nombres disímbolos como La Familia, Nuevo Milenio, Zetas, La línea, etcétera. Ya casi ninguna ciudad del país quedó a salvo de las redes del crimen y de sus vínculos proteccionistas amparados en el propio gobierno. Hace una semana un conocido me narró que en un retén de la Policía Federal instalado en la carretera de Chapala, por cierto un día en que hubo una balacera en ese poblado, él iba sólo cuando le marcaron el alto. Al revisar la cajuela, los policías hicieron la maniobra de depositar un envoltorio con cocaína, por lo que de inmediato comenzó una extorción. Los ladrones uniformados, una vez atemorizada su víctima, le vaciaron la billetera con su sueldo completo. Esta es la policía en México, tanto a niveles estatales como en el ámbito federal: una policía conformada por delincuentes que igualmente sirven de informantes de los grupos y se dividen ganancias. Por eso tenemos estos niveles de descomposición, porque hasta el mismo ejército fue permeado por el narcotráfico hace años en este país. Es imposible que los ciudadanos confíen en esta clase de instituciones que presentan un total deterioro.

En México existen 450 cárceles que albergan a 190.000 reclusos, la mayoría de los cuales viven hacinados. Además existen tres establecimientos de máxima seguridad, donde hay otros 1.500. Estas cifras corresponden al año 2005, por lo que la cifra de presos tal vez supere los doscientos mil. Si la mitad de ellos es realmente peligrosa para la población, entonces tenemos aproximadamente cien mil individuos que observan conductas antisociales, consideradas como amenazas para la sociedad.

Pero ¿cuántos cárteles hay y dónde están? La respuesta varía según la fuente. La Procuraduría General de la República: el narcotráfico está en manos de dos grandes grupos, dirigidos por Joaquín Guzmán y Osiel Cárdenas. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA): hay 30 organizaciones mexicanas a cargo del narcotráfico. La Sub-Procuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de México (SIEDO): existen más de 130 células de delincuencia organizada. Juan Carlos Sánchez-Caballero La Crónica

Se estima en seiscientos mil el número de efectivos que están de alguna forma vinculados con organizaciones delictivas. Aunado a este número debemos señalar una cifra hipotética de individuos potencialmente peligrosos, dado el contexto antisocial en que se desenvuelven y que en cada población asechan prestos a cometer delitos o incorporase en la nómina de cualquiera de los grupos que se reproducen en el país. Inclusive los rituales de iniciación consisten en asesinar a mansalva víctimas elegidas al azar.

Esto hace pensar en el biopoder, como concepto en el que unos se apropian el derecho de vetar a otros la existencia, en las fuerzas del Estado, como otro cártel superior que pacta con sus pares el montaje sincronizado, que es tan efectivo como una guerra en términos de ganancias financieras y de paso se cumple la “sagrada misión” de expulsar de este mundo a los indeseables.

Las poblaciones penitenciarias, verdaderos centros del delito, rebasan dos y hasta tres veces la capacidad de los inmuebles, por lo que los hacinamientos dan lugar a todo tipo de secuelas criminales. Se requerirían dos o tres veces el número de centros de dizque readaptación social, para contener a quienes purgan condenas. Y, se requiere la construcción inmediata de otras mil doscientas, para medio contener al resto de sujetos potencialmente criminales que pululan en nuestras calles amenazando con asfixiar al resto de la sociedad. Esto sin contar una transformación radical de los aparatos de justicia, que son parte del problema y no de la solución.

Al Estado le cuestan miles de millones anuales, que pagamos todos por cierto, sostener a los doscientos mil reos que en su mayoría al obtener su libertad reinciden en la comisión de delitos. Muchos de ellos además dirigen las operaciones delincuenciales que asolan a tantos y todavía se necesitan mucho más cárceles. Son superiores los delincuentes en un mil por ciento a las fuerzas policiales y militares juntas. Es más redituable entonces provocar que se maten y eso es lo que están haciendo. Además EU mantiene así activo su eterno negocio. Ahora, vemos un guerra distinta en la que varios grupos se destrozan constantemente, sin bandera, sin nacionalismos, sin cuartel y sin tregua.